Santo Domingo,- Este martes la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia sentenció a la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte.
Sin embargo, previo a la lectura del dispositivo de la sentencia, el tribunal resaltó cuáles fueron las acusaciones que sí se pudieron comprobar durante este proceso judicial.
Así lo indicó la magistrada Nancy Salcedo, integrante del referido tribunal, y quien fue delegada en comunicar la decisión.
En su intervención, esta jueza afirmó que el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados coincidía con el modus operandi de organizaciones criminales que se dedican a cometer los tipos de delitos que Pilarte fue acusada.
De igual forma aseguró que, tras examinar el informe de investigación y de análisis financiero de Pilarte, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores productos de actividades ilícitas con la adquisición y ventas de inmuebles.
“Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República (PGR) permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación y esta es: la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito”, subrayó Salcedo.
La sentencia
El tribunal es presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco y condenó a cinco años de prisión a Pilarte.
Esta sentencia deberá ser cumplida en la cárcel de Rafey-Mujeres.
Además le fue impuesto el pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
Valoración de los jueces
"A partir de la valoración realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios. Sin lugar a duda, estos indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos movilizados por ella, ya que esta Sala Penal extrajo de las pruebas que el comportamiento financiero de la Rosa Amalia Pilarte López —y sus relacionados—coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este
Tipo de infracciones.
Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación, esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo.
Además, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores producto de actividades ilícitas, con la adquisición y venta de inmuebles, como sostiene el órgano de persecución.
Como esta Sala Penal ha venido sosteniendo, en el tipo penal de lavado de activos se da la postura de la autonomía material relativa, donde se requiere que los activos materia de lavado se vinculen a una actividad previa a través de indicios razonables que persuadan al órgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos, como ha ocurrido en este caso, donde se ha podido establecer un nexo lógico entre los indicios que demuestran el origen ilícito de los bienes poseídos con la actividad de lavado; es decir, que el origen o conexión de los activos materia de lavado se ha vinculado con actividades criminales previas que integran la tipicidad la infracción".
¿De qué era acusada?
Según el expediente del Ministerio Público, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
El documento describió que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Asimismo se detalló que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El órgano persecutor también señaló que Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tráfico ilícito de drogas”.
La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo había generado por su trabajo formal y lícito por concepto de salarios hasta el año 2021 solo RD$ 13,571,307.
Similarmente fue acusada de utilizar testaferros. De acuerdo con el referido documento, Pilarte utilizó a su hermana Francia Pilarte para ocultar uno de los vehículos de la estructura.
La legisladora también habría servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.
Por: Laura Castillo y Javier Flores,-
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