La denuncia señala que el testamento de Alfred Nobel de 1895 establece explícitamente que el Premio de la Paz debe concederse a la persona que durante el año precedente haya “conferido el mayor beneficio a la humanidad” realizando “el mayor o mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones, por la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y por la celebración y promoción de congresos de paz”.
Assange argumenta que “la decisión política del comité noruego de selección no suspende el deber fiduciario de los administradores suecos de los fondos”. “Cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una malversación del fondo patrimonial”.
La denuncia, presentada simultáneamente ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) y la Unidad Sueca de Crímenes de Guerra (Krigsbrottsenheten), sostiene que los acusados —incluida la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y la directora ejecutiva Hanna Stjärne— transformaron “un instrumento de paz en un instrumento de guerra” mediante presunta “criminalidad grave”, que incluye:
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Abuso de confianza, malversación agravada y conspiración en relación con el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas (1,18 millones de dólares) correspondientes al Premio de la Paz a María Corina Machado, cuyas acciones previas y actuales la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel;
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Facilitación de crímenes de guerra, incluidos el crimen de agresión y los crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones de Suecia bajo el Artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma, ya que los acusados son conscientes de la incitación y el respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de Estados Unidos, y sabían —o debían saber— que el desembolso de fondos Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y de sobrevivientes de naufragios en el mar, incumpliendo su obligación de cesar los pagos.
Assange señala que los miembros de la Fundación Nobel ya han ejercido anteriormente su autoridad de supervisión sobre los premios y sus desembolsos, como ocurrió cuando se retuvo el pago del Premio Nobel de Literatura en 2018. “No intervenir en este caso, pese a los crímenes de guerra de Estados Unidos frente a la costa venezolana y al papel clave de Machado en la promoción de la agresión, genera responsabilidad penal”.
“El fondo de Alfred Nobel para la paz no puede gastarse en la promoción de la guerra”, afirma Assange. Los acusados tienen obligaciones legales concretas, ya que están encargados de “garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento de Alfred Nobel: poner fin a las guerras y a los crímenes de guerra, y no habilitarlos”.
LA INCITACIÓN DE MACHADO AL MAYOR DESPLIEGUE MILITAR DE EE. UU. DESDE LA GUERRA DE IRAK LA HACE CATEGÓRICAMENTE INELEGIBLE
La denuncia destaca que el anuncio y la ceremonia del Nobel ocurrieron en lo que analistas militares describen como “el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de Cuba”, que ya supera los 15.000 efectivos, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford. La escalada continúa luego de que el presidente Trump anunciara el 10 de diciembre, dos días después de la ceremonia del Nobel, que los ataques estadounidenses comenzarían “por tierra”. La estrategia sobre Venezuela forma parte de lo que el secretario de Guerra de Trump, Peter Hegseth, denomina un giro hacia “letalidad máxima, no legalidad tibia” y hacia “pasar a la ofensiva”.
En este contexto, Assange afirma que “Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a avanzar por una senda de escalada”, incluso conspirando para otorgar al gobierno estadounidense acceso a 1,7 billones de dólares en reservas petroleras y otros recursos naturales mediante privatizaciones una vez que Maduro sea derrocado.
“Utilizando su posición elevada como receptora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien pudo haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos mencionados”, sostiene Assange en la denuncia penal.
La denuncia enumera pruebas de esta incitación a la intervención militar estadounidense, así como elogios a la conducta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Gaza. Entre las declaraciones citadas figuran:
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“La escalada militar puede ser la única vía… Estados Unidos puede necesitar intervenir directamente” (30 de octubre de 2025).
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Machado calificó como “justificados” y “visionarios” los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones civiles, que han causado al menos 95 muertes hasta la fecha.
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Machado dedicó el premio al presidente estadounidense Donald Trump, porque “finalmente ha puesto a Venezuela… como una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos”.
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Declaraciones históricas, incluida su comparecencia ante el Congreso de EE. UU. en 2014, donde afirmó: “El único camino que queda es el uso de la fuerza”.
La presentación cita una amplia oposición de expertos y organizaciones externas a la concesión del premio a Machado:
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21 organizaciones pacifistas noruegas declararon: “Machado es lo opuesto a una laureada por la paz”.
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El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó: “Otorgar el premio a alguien que llama a una invasión extranjera es una burla al testamento de Alfred Nobel”.
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El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) confirmó que Machado “ha llamado a la intervención militar en Venezuela”
ACCIONES SOLICITADAS
La denuncia advierte que “existe un riesgo real de que los fondos derivados del patrimonio de Nobel hayan sido o vayan a ser desviados, de forma intencional o negligente, de su propósito benéfico para facilitar la agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
Assange solicita a las autoridades suecas que:
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Congelen de inmediato la transferencia pendiente de 11.000.000 de coronas suecas y cualquier presupuesto relacionado, y aseguren la devolución de la medalla.
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Investiguen a las personas nombradas, a los directivos de la Fundación y a las entidades asociadas por abuso de confianza, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y conspiración.
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Incauten actas del consejo, correos electrónicos, chats grupales y registros financieros.
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Interroguen a Widding, Stjärne y a otros sospechosos.
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Investiguen plenamente el caso a nivel nacional o lo remitan a la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma, Art. 25(3)(c)).
“Esta denuncia busca la congelación inmediata de todos los fondos restantes y una investigación penal completa, para evitar que el Premio Nobel de la Paz sea convertido permanentemente de un instrumento de paz en un instrumento de guerra”, concluye Assange.
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