Condecoración, corrupción y vergüenza

❝Cuando el mérito no se reconoce, la mediocridad se convierte en norma❞.
José Ortega y Gasset

Las condecoraciones de un Estado no son un gesto decorativo ni un acto de cortesía política, son un juicio moral anticipado que la nación emite sobre una persona. Por eso, cuando el poder empieza a repartir honores sin mérito real, no eleva a nadie, se degrada a sí mismo y arrastra consigo los símbolos que dice defender.

Lo que recoge el Decreto núm. 520-24, de fecha 11/09/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo otorgó la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el Grado de Caballero, al señor Melitón Cordero, no es un simple trámite administrativo ni una formalidad de Estado, es una burla al país y una falta de respeto directa a los símbolos patrios. Se concedió la más alta distinción nacional por el simple hecho de ocupar un cargo, por ejercer una función por la cual cobraba muy bien y desde la cual manejaba poder, influencia y relaciones, ningún acto heroico, ningún sacrificio extraordinario, ninguna conducta que justificara colocar en su pecho los nombres de los padres de la Patria.
Cumplir una función pagada no es mérito, es obligación, convertir eso en condecoración es degradar el honor público y vaciar de contenido las distinciones del Estado.

El problema se agrava cuando ese mismo condecorado, Melitón Cordero, hoy está detenido en los Estados Unidos y enfrenta cargos federales por supuestos actos de corrupción vinculados a la DEA-RD. En ese punto el decreto deja de ser una ligereza y pasa a ser una vergüenza institucional. No por lo que determine finalmente la justicia norteamericana, sino por lo que deja al desnudo sobre cómo se manejan los reconocimientos oficiales, cómo se reparten honores como favores y no como juicios morales del Estado.

Las condecoraciones no aparecen solas ni se improvisan, alguien propone, alguien recomienda, alguien arma el expediente, alguien hace los amarres y alguien entiende que ese nombre debe llegar al despacho presidencial limpio, listo y blindado para la firma. Por eso la pregunta central no es quién firmó el decreto, la pregunta es quién promovió la condecoración de Melitón Cordero, quién la empujó, quién certificó que ese sujeto merecía ser presentado ante la nación como ejemplo patriótico.

La duda legítima, incómoda y obligatoria es si esa propuesta salió de algún beneficiado por las supuestas acciones delictivas del entonces supervisor, porque si fue así, la medalla no fue reconocimiento sino blindaje, no fue honor sino pago, no fue mérito sino favor devuelto. Y si eso ocurrió una vez, la pregunta se amplía y se vuelve todavía más peligrosa para el poder.

¿Cuántos más pelafustanes han recibido condecoraciones similares?, ¿A cuántos corruptos se les ha lavado el nombre con una medalla?, ¿Con qué objetivos reales se han repartido esas distinciones?, ¿A cambio de qué favores, silencios o servicios?

Nuestros padres no fundaron esta República para eso, ni los símbolos patrios existen para cubrir porquerías ni maquillar trayectorias. Condecorar a cualquiera por ocupar un cargo es una falta de respeto, condecorar a alguien hoy acusado de corrupción es una humillación colectiva. El silencio del poder frente a este bochorno no corrige ni aclara, confirma, porque cuando las medallas se negocian, la Patria pierde.

Las medallas no hablan, pero los decretos sí.
Revelan quién manda, cómo se premia y a quién se protege y, cuando el poder usa los símbolos de la Patria para pagar favores o blindar intereses, no solo deshonra una condecoración, deja claro que el problema no es un nombre propio, es el sistema que lo sostuvo y lo quiso convertir en ejemplo y, mientras eso no se explique, la vergüenza seguirá colgada del pecho del Estado.

❝El poder no corrompe, el poder revela❞
Robert Caro