Los hechos son claros. La madrugada del 8 de abril de 2025 el colapso del centro de diversión Jet-Set provocó una de las peores tragedias civiles recientes del país. Cientos de familias quedaron marcadas para siempre entre fallecidos, lesionados y sobrevivientes traumatizados. Lo que debió ser una noche de entretenimiento terminó en funerales, hospitales y dolor colectivo.
Pero lo más perturbador vino después.
Con el paso de los meses comenzaron a salir a flote señalamientos sobre advertencias previas, señales visibles de deterioro e indicios que apuntaban a riesgos estructurales que no habrían sido atendidos con la seriedad requerida. Si eso se confirma plenamente en los tribunales, no estaríamos hablando de un accidente inevitable, sino de una tragedia prevenible.
Y ahí es donde entra la peor enfermedad nacional: el culto al poder económico.
En cualquier sociedad sana, una catástrofe así genera presión social para investigar hasta las últimas consecuencias. Aquí no. Aquí apareció de inmediato una legión de defensores espontáneos, profesionales del lambonismo y especialistas en tumbar polvo ajeno, más preocupados por limpiar la imagen de los propietarios que por acompañar a los huérfanos, viudas, padres y madres destruidos por la pérdida.
No preguntan por mantenimiento. No exigen responsabilidades. No cuestionan permisos, supervisiones ni omisiones. Su prioridad es justificar al poderoso. Siempre al poderoso.
Y como toda degradación tiene escalas, esta semana se cruzó otra línea infame: la agresión física a un padre de una víctima en el entorno judicial por parte de un comunicador. Un hombre que perdió a un hijo terminó golpeado mientras exigía respuestas.
Eso resume el país que algunos han construido: al rico se le defiende, al doliente se le agrede.
Luego llegaron disculpas públicas, tarde, forzadas, convenientes. Cuando la indignación social estalla, aparecen los arrepentimientos de utilería. Pero hay daños que no se borran con una nota leída ni con rostro compungido ante cámaras.
Lo indignante no es solo la bofetada del pseudo-comunicador
Lo indignante es el ecosistema que la hace posible. Un ambiente donde algunos creen que atacar víctimas sale rentable si se hace para favorecer intereses con dinero, influencia o conexiones.
Cada vez que alguien justifica lo injustificable porque el involucrado tiene apellido sonoro o cuentas abultadas, ayuda a que la próxima tragedia ocurra. Cada vez que un comunicador actúa como guardaespaldas narrativo de empresarios cuestionados, degrada su oficio. Cada vez que la justicia camina lenta ante el poderoso, envía una invitación a la impunidad.
Jet-Set no es solo un expediente judicial. Es un espejo nacional.
Y lo que refleja avergüenza: una parte del país aún prefiere arrodillarse ante los responsables antes que ponerse de pie junto a las víctimas.
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