La protección de la soberanía nacional no es discriminación
❝A: Roudy Joseph y al periódico El País❞
He leído con atención su reciente entrevista realizada por el periodista Diego Battistessa y publicada en el diario El País de España el 13 de junio de 2026. Usted se define como un activista haitiano de 42 años, portavoz de la organización HaitianosRD y una de las voces más visibles de las denuncias internacionales contra la política migratoria de la República Dominicana.
Yo soy Elvin Castillo, dominicano de 44 años, periodista, comunicador y coordinador del programa Panorama de la Mañana.
Durante más de dos décadas he observado, reportado y analizado la realidad política, social y económica de nuestro país, así como la compleja relación entre la República Dominicana y Haití.
Le escribo porque después de leer sus declaraciones me resulta difícil reconocer en ellas al mismo país que yo he vivido durante cuarenta y cuatro años.
Usted describe una nación que persigue haitianos; yo he visto una nación que durante décadas les abrió las puertas. Usted habla de exclusión; yo he visto integración. Usted habla de discriminación sistemática; yo he visto a cientos de miles de haitianos encontrar en la República Dominicana oportunidades de trabajo, educación, salud y desarrollo que lamentablemente no han podido encontrar en su propio país.
Por eso considero necesario responderle. Porque el debate sobre Haití y la República Dominicana merece honestidad intelectual, equilibrio histórico y respeto por los hechos.
La República Dominicana tiene exactamente el mismo derecho que poseen Estados Unidos, Canadá, Francia, o cualquier otra nación soberana del mundo de regular sus fronteras, controlar los flujos migratorios y hacer cumplir sus leyes.
![]() |
| Tomada del diario El País. |
Eso no es racismo, Eso no es xenofobia, Eso es soberanía.
También resulta contradictorio escuchar acusaciones de racismo y xenofobia dirigidas contra la República Dominicana sin tomar en cuenta la realidad de nuestra propia composición social e histórica. Los dominicanos somos el resultado de una mezcla de raíces europeas, africanas e indígenas que durante siglos dieron origen a una identidad nacional diversa y única. En nuestro país conviven dominicanos blancos, negros, mulatos, mestizos y personas de todos los tonos y características físicas imaginables.
Por eso resulta difícil sostener seriamente que la sociedad dominicana, en su conjunto, pueda ser definida como una sociedad racista simplemente por defender su derecho a controlar la inmigración irregular.
La defensa de una frontera no es racismo. La aplicación de una ley migratoria no es xenofobia. La protección de la soberanía nacional no es discriminación.
Defender el Estado de derecho también implica exigir que nuestras autoridades actúen con el más estricto respeto a la dignidad humana. Cualquier exceso, maltrato o acto de corrupción en los procesos de repatriación debe ser investigado y sancionado con severidad. El orden migratorio no está reñido con el respeto a los derechos humanos; al contrario, lo exige con rigurosidad.
Más aún cuando durante décadas millones de ciudadanos haitianos han transitado, trabajado, estudiado, recibido atención médica y construido sus vidas dentro de la República Dominicana. Si los dominicanos fuéramos el pueblo intolerante y racista que algunos intentan presentar ante el mundo, esa convivencia histórica simplemente no habría sido posible.
Pero vayamos más lejos. Si existe una nación que, proporcionalmente a su tamaño, a sus recursos y a sus capacidades económicas, ha hecho más por Haití que cualquier otro país de la región e incluso más que muchas de las grandes potencias que hoy opinan y presionan sobre este tema, esa nación ha sido la República Dominicana.
Los hechos de la solidaridad dominicana
Cuando el devastador terremoto del año 2010 destruyó gran parte de Haití y provocó una de las mayores tragedias humanas de nuestra región, fuimos los primeros en llegar. Nuestros médicos llegaron. Nuestros rescatistas llegaron. Nuestros hospitales recibieron heridos. Nuestros alimentos cruzaron la frontera. Nuestro territorio sirvió como plataforma logística para la ayuda internacional.
Mientras muchos hablaban de solidaridad, los dominicanos la practicábamos.
Posteriormente, el expresidente Leonel Fernández impulsó la construcción de la Universidad Henri Christophe en Limonade, una de las inversiones educativas más importantes realizadas por un gobierno extranjero en beneficio del pueblo haitiano. Y es precisamente en el ámbito de las instituciones públicas donde la historia y la realidad diaria registran ejemplos de una paciencia y vocación de asistencia sin precedentes en la región.
Años antes de esa donación universitaria, durante una visita oficial del presidente Fernández a la Universidad de Haití en Puerto Príncipe, turbas armadas atacaron a tiros y pedradas la comitiva presidencial dominicana en un claro intento de magnicidio que obligó a una evacuación militar de emergencia. En cualquier otra parte del mundo, un atentado de esa magnitud contra un jefe de Estado en territorio extranjero habría generado una respuesta militar inmediata, una ruptura diplomática o una declaración de guerra.
Nosotros no lo hicimos. Respondimos con madurez, mantuvimos los canales diplomáticos y, tiempo después, volvimos para construirles y regalarles una alta casa de estudios. ¿Es ese el comportamiento de un pueblo hostil?
Hablemos también del sistema de salud.
Durante años, las maternidades públicas de los hospitales dominicanos han estado saturadas de parturientas haitianas. Nuestro país las ha recibido de manera humanitaria, asumiendo el costo absoluto de esos miles de alumbramientos sin cobrarles un solo centavo, restándole recursos económicos y camas a las propias madres dominicanas. Lo que resulta inaceptable e incoherente es que, tras recibir esa asistencia gratuita y solidaria en momentos críticos, se utilicen estos nacimientos de madres en condición migratoria irregular para pretender presionar al Estado exigiendo una ciudadanía automática para esos niños, desconociendo de forma deliberada el marco constitucional de nuestra nación.
Si sumáramos los aportes dominicanos en salud, educación, empleo, comercio, asistencia humanitaria y cooperación durante décadas, encontraríamos una lista prácticamente interminable. Pocos países en el mundo pueden exhibir un nivel de solidaridad y templanza tan constante hacia Haití como el que ha demostrado la República Dominicana. Sin embargo, rara vez escuchamos reconocimiento por ello.
Con demasiada frecuencia observamos cómo se intenta proyectar internacionalmente la imagen de una República Dominicana racista, xenófoba y hostil, ignorando deliberadamente todo lo que nuestro pueblo ha hecho y ha soportado por Haití.
El verdadero núcleo del debate
La realidad es que durante décadas cientos de miles de haitianos han trabajado, estudiado, recibido atención médica y construido sus vidas en territorio dominicano. Muchos de ellos son personas honestas y trabajadoras que han contribuido al desarrollo nacional. Pero también es una realidad que una parte importante de esa población permanece en condición migratoria irregular.
Y ahí está el verdadero debate. No en el odio, no en la discriminación, no en la persecución que usted describe. El verdadero debate consiste en determinar si un Estado tiene o no el derecho de ordenar y regular la migración dentro de su territorio. Mi respuesta es sí.
Y creo que la República Dominicana debe avanzar hacia un modelo más racional mediante un gran censo sectorial que determine cuántos trabajadores extranjeros requiere realmente nuestra economía, evaluando cuántos necesita la agricultura, cuántos necesita la construcción y cuántos necesitan otros sectores productivos.A quienes sean necesarios debe otorgárseles permisos temporales de trabajo, registro biométrico y estatus legal claramente definido. Pero quienes permanezcan en condición migratoria irregular, sean haitianos, venezolanos, colombianos, chinos, rusos o de cualquier otra nacionalidad, deben estar sujetos a la legislación migratoria dominicana.
Eso no es discriminación. Eso es Estado de derecho.
El marco jurídico y constitucional
También me sorprende escuchar constantemente acusaciones sobre apatridia y nacionalidad sin explicar el marco jurídico completo. La Constitución haitiana reconoce históricamente la nacionalidad por descendencia. Es decir, los hijos de ciudadanos haitianos tienen derecho a la nacionalidad haitiana a través de sus padres.
Por su parte, la República Dominicana define quiénes son sus nacionales a través de su Constitución y sus leyes, exactamente igual que cualquier otro Estado soberano. Nuestra Constitución establece quiénes son dominicanos y bajo cuáles condiciones se adquiere la nacionalidad. Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0168/13, reafirmó la interpretación jurídica del Estado dominicano sobre esta materia.
Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa decisión. Pero aun ante el debate que esto generó, nuestro país demostró madurez democrática y sensibilidad al implementar la Ley 169-14 de regularización, buscando soluciones jurídicas y humanas para aquellos afectados. Ningún país que actúe de mala fe diseña mecanismos de salida tan complejos y costosos para proteger derechos. Lo que no puede afirmarse honestamente es que la República Dominicana actuó fuera de su marco constitucional.
Intereses internacionales y contradicciones internas
Existe además otro aspecto que merece ser discutido. Durante años ha surgido toda una industria internacional alrededor de la crisis haitiana. Organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, activistas y grupos de presión reciben importantes recursos para trabajar temas vinculados a Haití.
Sin embargo, resulta llamativo que muchas veces esas organizaciones parezcan más interesadas en señalar a la República Dominicana que en exigir responsabilidades a quienes realmente han contribuido al colapso institucional haitiano. Si esas organizaciones y agencias internacionales poseen la capacidad y los recursos para auditar constantemente a la República Dominicana, deberían canalizar ese mismo ímpetu, fondos y energía dentro del territorio haitiano. La verdadera defensa de los derechos del pueblo haitiano consiste en ayudarles a construir instituciones fuertes, hospitales seguros y escuelas dignas en su propia tierra, y no en pretender que la República Dominicana asuma una carga presupuestaria y social que no le corresponde.
Tampoco podemos ignorar que dentro de la República Dominicana existen contradicciones que debemos asumir y corregir. Hay sectores empresariales que se benefician de la migración irregular mientras públicamente condenan sus consecuencias, evidenciando una desconexión entre quienes exigen controles y al mismo tiempo dependen económicamente de un sistema sustentado en la informalidad laboral.
De igual forma, el control migratorio eficaz empieza por casa: es imperativo combatir con mano dura las redes de tráfico humano y la corrupción en los puestos fronterizos, donde minorías insensatas debilitan el esfuerzo soberano de toda una nación.
La discusión sobre Haití debe darse con honestidad, sin hipocresías, sin agendas ocultas y colocando siempre en primer lugar el interés nacional dominicano.
Conclusión
Finalmente, señor Joseph, debo recordarle una realidad innegable: no existe una solución dominicana al problema haitiano.
La crisis haitiana no fue creada por la República Dominicana y tampoco puede ser resuelta por la República Dominicana.
Francia, Estados Unidos y Canadá poseen responsabilidades históricas, políticas y económicas mucho mayores que las nuestras respecto al destino de Haití.
Nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde. Seguiremos colaborando cuando sea posible. Seguiremos ayudando cuando sea necesario. Pero también seguiremos defendiendo nuestra soberanía, nuestra Constitución, nuestras instituciones y el derecho irrenunciable del pueblo dominicano a decidir su propio destino.
Porque, como nos enseñó nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte:
“Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla.”
Y ningún pueblo digno puede renunciar a su soberanía.
@ElvinCastillo
elvincastillo@email.com




No hay comentarios:
Publicar un comentario