El asesinato del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes a manos de un agente de la Policía Nacional no constituye un hecho aislado, un accidente desafortunado ni una excepción estadística. Constituye, por el contrario, la evidencia más reciente y más brutal del fracaso de uno de los proyectos políticos e institucionales más promocionados por el gobierno del presidente Luis Abinader: la llamada reforma policial.
Después de cinco años de discursos, comisiones consultivas, asesorías internacionales, campañas publicitarias, ruedas de prensa, conferencias y miles de millones de pesos invertidos, resulta legítimo preguntarse si la República Dominicana ha asistido a una verdadera reforma policial o simplemente a una sofisticada operación de relaciones públicas financiada con recursos públicos.
La premisa oficial ha sido repetida hasta el agotamiento: la Policía Nacional está cambiando. Sin embargo, los hechos, que suelen ser menos complacientes que la propaganda, parecen sostener exactamente lo contrario.
De acuerdo con datos oficiales recopilados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana y publicados por diversos medios nacionales, las muertes de civiles a manos de fuerzas de seguridad del Estado aumentaron aproximadamente un 195 % entre 2021 y 2024, pasando de 77 casos a 227. Se trata de un incremento extraordinario que rompe con la tendencia descendente observada durante la década anterior.
Más preocupante aún resulta el hecho de que el propio Defensor del Pueblo de la República Dominicana se vio obligado, en octubre de 2024, a requerir explicaciones formales a la Policía Nacional por el incremento de muertes ocurridas durante supuestos intercambios de disparos y actuaciones policiales, advirtiendo sobre la necesidad de determinar si existía un uso desproporcionado de la fuerza estatal. Para entonces, más de 54 ciudadanos habían perdido la vida en circunstancias relacionadas con intervenciones policiales solamente durante ese año.
Pero quizás la cifra más devastadora no sea la estadística anual, sino la acumulada. Investigaciones periodísticas sustentadas en datos de la Procuraduría General de la República documentaron que, entre 2019 y mediados de 2023, al menos 477 personas murieron a manos de agentes policiales en la República Dominicana. Traducido al lenguaje cotidiano: durante ese período, una persona murió a manos de la Policía aproximadamente cada tres días.
Y es precisamente aquí donde colapsa el relato oficial.
Porque una reforma policial no puede medirse por la cantidad de uniformes nuevos entregados, ni por el número de seminarios impartidos, ni por la frecuencia con que funcionarios comparecen ante cámaras y micrófonos para anunciar avances históricos. Una reforma policial se mide por un criterio mucho más sencillo y mucho más incómodo: si los ciudadanos están más protegidos frente al abuso del poder estatal.
La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes obliga a responder esa pregunta con brutal honestidad.
La reacción gubernamental ha seguido, una vez más, el protocolo habitual: indignación presidencial, condena institucional, promesas de justicia y anuncios de consecuencias ejemplares. Es el mismo libreto que la sociedad dominicana ha escuchado durante décadas. La única variable que cambia es el nombre de la víctima.
Naturalmente, corresponde reconocer que los indicadores generales de homicidios reportados por el Gobierno han mostrado reducciones importantes en los últimos años. Las propias autoridades informan una disminución sostenida de la tasa de homicidios nacionales.
Sin embargo, esa aparente contradicción plantea una pregunta todavía más inquietante: ¿cómo es posible que disminuyan los homicidios generales mientras aumentan significativamente las muertes provocadas por agentes estatales?
La respuesta no debería tranquilizar a nadie.
Porque el monopolio legítimo de la fuerza que posee el Estado solo puede justificarse cuando se ejerce bajo criterios estrictos de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Cuando ese poder deriva reiteradamente en ejecuciones arbitrarias, abusos o actuaciones desproporcionadas, deja de ser un instrumento de protección ciudadana para convertirse en un factor adicional de inseguridad.
En consecuencia, después de cinco años de anuncios, reformas, estrategias, mesas de trabajo y multimillonarias inversiones públicas, quizás haya llegado el momento de abandonar los eufemismos.
La República Dominicana no enfrenta una crisis de comunicación sobre la reforma policial, la República Dominicana enfrenta una crisis de resultados de la reforma policial.
Y mientras los funcionarios continúen produciendo más declaraciones que transformaciones verificables, cada nueva víctima terminará formulando la misma pregunta incómoda que el poder político ha evitado responder: ¿Exactamente qué fue lo que se reformó?
@BienvenidoR_D
@bienvenidocheco
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