Todos contra El Piro

Todos contra El Piro
Hay una vieja práctica que suele resurgir cuando las ideas empiezan a incomodar: dejar de discutir los argumentos para concentrar todos los esfuerzos en destruir al mensajero. Es el recurso predilecto de quienes descubren que la razón ya no les alcanza. Cuando los argumentos escasean, los insultos se convierten en el último refugio de la impotencia intelectual.

Eso es lo que ha venido ocurriendo con Eduardo Sánchez Tolentino (El Piro) desde que decidió enfrentar, sin ambigüedades, la disposición del nuevo Código Penal que numerosos sectores de la sociedad han denominado la "ley mordaza".

Su postura puede ser compartida o rechazada. Así funciona una democracia. Lo que resulta inaceptable es que el derecho a disentir sea respondido con campañas de descalificación, lenguaje vulgar, ataques personales y un intento deliberado de desacreditar a quien piensa distinto. Quienes no pudieron desmontar sus planteamientos han optado por atacar su persona, como si el insulto pudiera reemplazar el razonamiento.

Pero lo verdaderamente llamativo no es la virulencia de los ataques, es el origen de muchos de ellos.
Resulta difícil no advertir la activa participación de conocidas bocinas gubernamentales, acompañadas por voces que hasta hace muy poco se presentaban como guardianes de las libertades públicas y fervientes defensores de la libertad de expresión. Eran los mismos que denunciaban cualquier intento de censura, los que exigían respeto absoluto al derecho de opinar y los que levantaban la bandera de la democracia cada vez que un gobierno era señalado por intentar controlar el discurso público.

Hoy, sin embargo, parecen haber descubierto que la libertad de expresión solo merece protección cuando favorece sus intereses o coincide con su narrativa.

La transformación resulta, cuando menos, inquietante.
Los antiguos defensores del derecho a disentir ahora pretenden decidir quién puede opinar, sobre qué temas puede hacerlo y hasta cuáles críticas consideran aceptables. Se arrogan una especie de monopolio moral sobre la opinión pública, como si el debate nacional necesitara un comité de autorización encargado de expedir licencias para pensar diferente.

La contradicción no puede ser más evidente.
Quienes respaldan una legislación que, según afirman, busca elevar la calidad del debate público, han terminado degradando ese mismo debate con un repertorio de insultos, expresiones soeces y descalificaciones que difícilmente resistirían el estándar de respeto que dicen defender. Predican moderación mientras practican la agresión verbal. Exigen prudencia mientras reparten improperios. Reclaman civilidad mientras convierten la injuria en argumento.

Y esa incoherencia produce algo peor que indignación: produce vergüenza ajena.
Porque cuando un supuesto defensor de la libertad pretende silenciar al que piensa diferente, deja de ser defensor de la libertad para convertirse en administrador de la intolerancia. Cuando alguien intenta condicionar qué opiniones son legítimas y cuáles deben ser castigadas socialmente, deja de defender un principio democrático para comenzar a administrar un privilegio político.

El problema, entonces, dejó hace tiempo de ser El Piro.
El verdadero problema es una preocupante cultura que empieza a normalizar la idea de que toda crítica incómoda debe ser respondida mediante el linchamiento verbal, la estigmatización y el descrédito personal. Una cultura donde no se combate la idea, sino al individuo; donde la refutación ha sido sustituida por la etiqueta y el argumento por el insulto.

Toda democracia saludable necesita voces que cuestionen, incomoden y fiscalicen. No porque siempre tengan razón, sino porque el derecho a disentir constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa cualquier sociedad verdaderamente libre. El día en que una mayoría, un gobierno o un grupo de influencia pretenda decidir quién puede hablar y quién debe callar, la libertad habrá comenzado a deteriorarse mucho antes de que lo diga una sentencia judicial.

Paradójicamente, quienes ayer denunciaban cualquier sombra de censura, hoy parecen justificar mecanismos que podrían restringir el ejercicio pleno de la crítica. Y quienes antes exigían respeto irrestricto para la libertad de expresión, hoy recurren a la descalificación como herramienta para desalentar a quienes se atreven a ejercerla.

La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Generalmente comienzan a erosionarse cuando una parte de la sociedad acepta que el disidente merece menos derechos que el obediente.
Quizá por eso, toda esta ofensiva termina diciendo mucho más de sus protagonistas que del propio Eduardo Sánchez Tolentino.

Al final, los insultos nunca han sido una demostración de fortaleza. Han sido, casi siempre, la forma más ruidosa de admitir que los argumentos se agotaron.