En estos días, Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social una particular clasificación de quienes han ocupado la Presidencia de los Estados Unidos: Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt y Thomas Jefferson aparecen entre los grandes; para él, sin embargo, esa categoría resultaba insuficiente, por lo que se reservó una superior y exclusiva, “The Greatest”, el más grande de todos. La imagen pudiera despacharse como otra manifestación del conocido ego del mandatario estadounidense, pero sería quedarse en la superficie; lo verdaderamente inquietante no es que Donald Trump tenga semejante concepto de sí mismo, sino que quien así concibe su lugar en la historia sea, por segunda vez, presidente de una nación que acaba de cumplir 250 años de existencia y que durante buena parte de esos dos siglos y medio se presentó ante el mundo como referencia de democracia, institucionalidad y equilibrio de poderes. De ahí surge una pregunta incómoda, quizás hasta impertinente, pero cada día más difícil de eludir: ¿merecía Estados Unidos a Donald Trump?
La irrupción de personajes extravagantes, populistas, antisistema o ajenos a los códigos tradicionales de la política no constituye precisamente una novedad; Argentina tiene a Javier Milei, Ecuador tuvo a Abdalá Bucaram, Colombia acaba de elegir a Abelardo de la Espriella y República Dominicana conoció con Hipólito Mejía un estilo campechano, imprevisible y muchas veces alejado de la solemnidad tradicional del poder. Son personajes, países y circunstancias diferentes, por supuesto, pero que permiten entender que determinados fenómenos políticos pueden encontrar terreno fértil cuando una sociedad se cansa de aquello que considera convencional. La extrañeza comienza cuando ocurre en Estados Unidos: la primera potencia militar del planeta, una de las sociedades científica y tecnológicamente más desarrolladas, asiento de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo y, sobre todo, una República que el pasado 4 de julio celebró el 250 aniversario de su fundación sobre principios que pretendían impedir precisamente que el Estado terminara confundiéndose con la voluntad de un solo hombre.
El sistema estadounidense fue construido alrededor de una profunda desconfianza hacia la concentración del poder; Ejecutivo, Congreso, tribunales, estados federados, libertades constitucionales y mecanismos internos de fiscalización forman parte de una arquitectura concebida para que nadie pueda convertirse en dueño absoluto del Estado y, sin embargo, durante este segundo mandato de Trump esa arquitectura está siendo sometida a tensiones que no pueden despacharse como simples diferencias entre liberales y conservadores. Una investigación de Reuters identificó 75 casos en los que jueces federales determinaron que actuaciones de su administración infringieron derechos protegidos por la Primera Enmienda, entre ellos las libertades de expresión, religión y prensa; algunos de esos fallos han sido suspendidos o revertidos posteriormente, como corresponde a un sistema judicial que todavía funciona, pero precisamente ahí radica parte de la gravedad: los contrapesos estadounidenses continúan vivos, aunque cada vez parecen tener que emplear mayores energías simplemente para hacer aquello para lo que fueron creados, poner límites al poder.
El enfrentamiento ha llegado incluso al terreno personal contra integrantes de la judicatura; cuando el juez federal James Boasberg bloqueó deportaciones realizadas mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, Trump pidió públicamente su destitución, provocando algo extraordinariamente poco habitual: que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, tuviera que recordarle públicamente que la destitución de un juez no constituye la respuesta apropiada cuando se discrepa de una decisión judicial. A ello se suman las destituciones de inspectores generales encargados de fiscalizar las propias agencias federales y las batallas por ampliar el control presidencial sobre organismos a los que tradicionalmente se había reconocido algún grado de independencia; no significa que Estados Unidos haya dejado de ser un Estado de derecho, porque los tribunales continúan fallando contra el Ejecutivo, los estados demandan al Gobierno federal, la prensa investiga y las instituciones resisten, pero un Estado de derecho no necesita haber muerto para encontrarse en peligro.
Quizás una de las características más desconcertantes de este segundo mandato sea precisamente la imprevisibilidad convertida en método de gobierno; una posición anunciada por la mañana puede ser matizada al mediodía, reinterpretada durante la tarde y eventualmente sustituida por otra antes de terminar el día, mientras una publicación presidencial en redes sociales puede alterar en minutos la conversación política, diplomática o económica de la nación más poderosa militarmente del planeta. Lo que pudiera resultar pintoresco en un candidato adquiere dimensiones completamente diferentes cuando quien escribe dispone del poder ejecutivo estadounidense; gobernar una potencia mundial no debería parecerse a administrar estados de ánimo y mucho menos hacer depender la certidumbre institucional de cuál será la próxima ocurrencia presidencial.
Ahora bien, sería demasiado cómodo responsabilizar exclusivamente a Donald Trump, porque Trump nunca escondió a Trump; tampoco llegó a la política estadounidense como expresión de una fidelidad ideológica o partidaria cultivada durante toda una vida, pues fue republicano, estuvo vinculado al Partido de la Reforma, figuró como demócrata, pasó por períodos sin afiliación y regresó finalmente al Partido Republicano, donde encontró posibilidades reales de conquistar la Presidencia. Ahí aparece en toda su dimensión lo que pudiéramos denominar la ideología del oportunismo: una extraordinaria capacidad para identificar el momento, apropiarse de la inconformidad, transformar dificultades en combustible político y convertir prácticamente cualquier ataque en un instrumento de movilización; Trump encontró en el Partido Republicano el vehículo para llegar al poder y terminó consiguiendo algo todavía mayor, que buena parte del Partido Republicano terminara girando alrededor de Donald Trump.
Pero ninguna habilidad política, por extraordinaria que sea, explica por sí sola lo ocurrido; en 2016 Trump obtuvo 62.9 millones de votos y llegó por primera vez a la Casa Blanca, aun perdiendo el voto popular frente a Hillary Clinton; en 2020, después de cuatro años durante los cuales Estados Unidos tuvo oportunidad suficiente para conocer su manera de gobernar, aumentó hasta los 74.2 millones y, finalmente, en 2024, después de haberlo visto ejercer la Presidencia, perder una elección, negar reiteradamente aquel resultado y protagonizar otros cuatro años de controversias políticas y judiciales, 77.3 millones de estadounidenses decidieron votar nuevamente por él, esta vez otorgándole también la victoria en el voto popular. Ahí desaparece la excusa del desconocimiento: en 2016 podía hablarse del outsider, del empresario televisivo, de la fascinación por lo desconocido o de la apuesta por alguien que prometía romper con Washington; en 2024 el producto estaba abierto, probado, ampliamente conocido y expuesto ante los ojos del mundo.
Eso no convierte en ignorantes, fanáticos ni irresponsables a 77 millones de ciudadanos, ni pretende negarles el derecho soberano de escoger al candidato que entendieran conveniente; significa algo mucho más sencillo y, a la vez, mucho más comprometedor: el derecho democrático a elegir no convierte automáticamente en acertado aquello que se elige. Las sociedades también pueden equivocarse mediante elecciones perfectamente legítimas y, precisamente porque Estados Unidos conocía a Donald Trump, la responsabilidad histórica de aquella decisión no puede descargarse únicamente sobre el hombre que ocupa la Casa Blanca; en 2024 no se trató de descubrir quién era Trump, sino de decidir si, sabiendo quién era, se quería nuevamente a Trump.
Apenas ha transcurrido poco más de año y medio desde su regreso al poder y la sensación política e institucional parece corresponder a un período muchísimo mayor; las controversias con tribunales, universidades, medios de comunicación, abogados, inmigrantes, organismos independientes y adversarios políticos se acumulan a una velocidad extraordinaria, mientras el país que durante generaciones enseñó al mundo la importancia de los contrapesos constitucionales comprueba diariamente hasta dónde pueden ser estirados esos mismos contrapesos. Lo paradójico es que su funcionamiento constituye simultáneamente motivo de preocupación y esperanza: preocupa que deban ser activados con semejante frecuencia y tranquiliza comprobar que todavía pueden activarse.
Por eso aquella imagen publicada por Trump resulta finalmente mucho más profunda de lo que probablemente pretendía ser; que Donald Trump se considere superior a Washington, Lincoln, Jefferson o Roosevelt pertenece al terreno de su propia valoración personal, cada hombre puede contemplarse en el espejo con el tamaño que desee. El verdadero problema no está en el espejo de Trump, sino en una sociedad que, después de 250 años de experiencia republicana, después de conocerlo, elegirlo, verlo gobernar, derrotarlo y observar todo cuanto ocurrió posteriormente, decidió entregarle nuevamente las llaves de la Casa Blanca.
Quizás algún día los historiadores determinen qué lugar corresponde realmente a Donald Trump entre los presidentes estadounidenses; lo que no necesitarán investigar demasiado es si los ciudadanos de 2024 sabían quién era, porque lo sabían perfectamente. Por eso, cuando hoy observamos a una de las sociedades más avanzadas del planeta sometida a semejante nivel de tensión política e institucional, la pregunta no debería dirigirse exclusivamente hacia Donald Trump, sino también hacia quienes, conociéndolo suficientemente, decidieron devolverlo al lugar desde donde ejerce ese poder.
¿Merecía Estados Unidos a Donald Trump?
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