MP solicitó prisión preventiva para implicado en estructura criminal vinculada al cártel de Sinaloa

❝Solicitud de prisión para un arrestado en la operación Jaguar, a quien se vincula a una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato relacionada con el cartel de Sinaloa❞.
Cotuí, Sánchez Ramírez,- El Ministerio Público solicitó prisión para un arrestado en la operación Jaguar, a quien se vincula a una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato relacionada con el cartel de Sinaloa, informó este jueves la Procuraduría General de la República (PGR).
Según un comunicado, se pide esta medida de coerción contra Yeyson Rojas Mosquea detenido dentro de la investigación sobre una supuesta estructura criminal que opera entre República Dominicana y México, la cual se dedica al tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, sicariatos y otras actividades criminales.
El 1 de julio, el Ministerio Público junto a la Policía Nacional y la Dirección de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP)- llevó a cabo una operación contra una célula del cartel mexicano de Sinaloa, que habría ordenado y pagado por el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (el Polin) y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (Gueylón) el 10 de febrero pasado en el sector Cocos, en Cotuí (Sánchez Ramírez).

Agrega que los mexicanos César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega son señalados como principales sospechosos de estos hechos por las son perseguidos por las autoridades dominicanas en colaboración con la Oficina Central Nacional de la Interpol en Santo Domingo y la DEA.

La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en coordinación con la Fiscalía de la provincia Sánchez Ramírez. Las autoridades sostienen que la detención de Rojas Mosquea se produjo como resultado de una operación conjunta realizada el 1 de julio, en la que participaron la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, y agencias estadounidenses como la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).