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viernes, 5 de junio de 2026

ADP declara “persona no grata” al diputado Nicolás Hidalgo

San Francisco de Macorís,- Las seccionales de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) emitieron una circular en la que declaran “persona no grata” al diputado Nicolás Hidalgo, al considerar que una iniciativa legislativa atribuida al congresista constituye una amenaza al derecho de organización de los ciudadanos y de los sectores sociales del país.


En el documento, fechado el 5 de junio de 2026, los dirigentes de la ADP sostienen que resulta inaceptable que un legislador impulse propuestas que, a su juicio, contradicen principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, particularmente los relacionados con las libertades y derechos de asociación. La organización magisterial entiende que cualquier medida orientada a restringir dichos derechos representa un atentado contra los valores democráticos de la nación.

La entidad también expresó su rechazo a la representación política ejercida por el legislador en la provincia Duarte, argumentando que sus actuaciones y declaraciones públicas no corresponden al nivel de responsabilidad que demanda la función congresual. En ese sentido, el gremio recordó una intervención realizada por Hidalgo en febrero de 2023, la cual calificó como una muestra de desconocimiento sobre aspectos históricos y geográficos vinculados a la provincia que representa.

Asimismo, la ADP afirmó que las propuestas impulsadas por el diputado generan preocupación en amplios sectores de la sociedad, al tiempo que cuestionó su capacidad para promover iniciativas legislativas que contribuyan de manera efectiva al fortalecimiento institucional y al desarrollo nacional.

La circular está suscrita por los presidentes de las diferentes seccionales de la ADP en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, quienes reiteraron su posición de rechazo a cualquier proyecto que, según entienden, limite derechos fundamentales garantizados por la Constitución dominicana.

La decisión marca un nuevo episodio en el debate público en torno a la propuesta legislativa en cuestión y evidencia el creciente rechazo que ha generado entre organizaciones sociales y sectores vinculados al ámbito educativo.

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