❝No es bueno hacer acepción de personas para pervertir el derecho.❞ Proverbios 18:5.
Hay principios que no admiten matices ni acomodos ideológicos. La democracia es uno de ellos. La soberanía popular también. Ambas constituyen el fundamento de cualquier República que aspire a llamarse libre. Sin ellas, las constituciones se convierten en simples adornos jurídicos, las instituciones en escenografía política y los gobernantes en propietarios circunstanciales del Estado. Por eso, cuando un jefe de Estado anuncia que en su país no volverán a celebrarse elecciones, deja de expresar una opinión política para hacer una confesión de naturaleza autoritaria.
Daniel Ortega ha cruzado esa línea.
Las declaraciones del mandatario nicaragüense provocaron el rechazo del Gobierno de la República Dominicana, que actuó conforme a un principio elemental del sistema democrático interamericano: ningún gobernante puede arrogarse el derecho de cancelar el mecanismo mediante el cual reside y se expresa la soberanía del pueblo. Hasta ahí, el debate era estrictamente político. Sin embargo, la respuesta de Managua introdujo un ingrediente que obliga a una reflexión mucho más profunda. En lugar de defender con argumentos una decisión que, por sí sola, resulta incompatible con cualquier concepto serio de democracia, el régimen nicaragüense recurrió a la memoria de Gregorio Urbano Gilbert y de Augusto César Sandino, pretendiendo colocar la discusión en el terreno del antiimperialismo y de la resistencia frente a las injerencias extranjeras.
Y es precisamente ahí donde el discurso oficial comienza a derrumbarse bajo el peso de sus propias contradicciones.
Porque nadie con un mínimo de rigor histórico puede desconocer la dimensión patriótica de Gregorio Urbano Gilbert. El joven dominicano que enfrentó la ocupación militar estadounidense de su país y que más tarde se incorporó a la lucha de Sandino en Nicaragua ocupa un lugar de honor en la historia latinoamericana. Su nombre simboliza la resistencia frente a la intervención extranjera, la dignidad de los pueblos y la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Lo mismo puede decirse de Augusto César Sandino, cuya lucha contra la ocupación norteamericana convirtió su figura en un referente continental. Ambos combatieron para impedir que una potencia extranjera decidiera el destino de una nación soberana.
Pero una cosa es defender la soberanía nacional y otra muy distinta secuestrar la soberanía popular.
Confundir ambos conceptos constituye una manipulación política tan burda como peligrosa. La independencia de un Estado no autoriza a ningún gobernante a convertirse en dueño de la voluntad de sus ciudadanos. La soberanía no pertenece al presidente; pertenece al pueblo. Precisamente por eso las elecciones libres no representan una concesión del poder, sino un derecho inherente a la ciudadanía. El voto no existe porque el gobernante lo permita; existe porque ningún gobernante puede situarse por encima del pueblo del que emana toda autoridad legítima.
Conviene dejar algo absolutamente claro para evitar las simplificaciones tan frecuentes en estos tiempos de trincheras ideológicas.
Quien escribe estas líneas no cree en los vasallajes internacionales, ni en las presiones imperiales, ni en las intervenciones militares disfrazadas de cruzadas democráticas. América Latina ha pagado un precio demasiado alto por las ambiciones geopolíticas de las grandes potencias como para olvidar esa parte de su historia. Tampoco creo en gobiernos subordinados a intereses extranjeros ni en dirigentes que convierten la política exterior en un ejercicio permanente de obediencia. La dignidad nacional exige independencia.
Pero esa independencia jamás puede convertirse en patente de corso para abolir las libertades públicas.
No existe una sola página en la historia de Gregorio Urbano Gilbert que permita concluir que luchó para sustituir la dominación extranjera por la dominación doméstica. Tampoco existe un solo episodio en la vida de Sandino que autorice a utilizar su legado como justificación para eliminar el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. Invocar sus nombres mientras se anuncia que las elecciones dejan de tener sentido constituye una contradicción histórica difícil de superar.
Las dictaduras tienen una característica común: siempre encuentran una causa superior para justificar la concentración del poder. Unas invocan la seguridad nacional; otras apelan a la revolución; algunas recurren a la religión; otras levantan la bandera del nacionalismo. Cambian los discursos, cambian las consignas y cambian los enemigos, pero el método permanece intacto. Todas terminan convenciendo a sus seguidores de que el gobernante representa mejor la voluntad del pueblo que el propio pueblo.
Ese ha sido el drama de demasiadas revoluciones en América Latina, comenzaron combatiendo a un caudillo y terminaron fabricando otro, combatieron el personalismo para terminar rindiéndole culto a una sola figura. Prometieron devolver el poder al pueblo y acabaron concluyendo que el pueblo solo podía ejercerlo mientras coincidiera con los deseos del líder, en ese momento la revolución deja de servir a la democracia y comienza a servirse de ella.
Nicaragua ofrece hoy uno de los ejemplos más dolorosos de esa degeneración política. Resulta imposible hablar de institucionalidad cuando el poder termina concentrado en un núcleo familiar que controla la conducción del Estado como si se tratara de un patrimonio hereditario. La alternancia deja de ser una posibilidad democrática para convertirse en una amenaza que debe eliminarse. Las instituciones dejan de responder al interés nacional para responder a la conveniencia del poder. Y cuando las elecciones son presentadas como un obstáculo en lugar de un derecho, la República comienza a parecerse peligrosamente a una propiedad privada.
Frente a ese panorama, la posición asumida por el Gobierno dominicano merece reconocimiento. No porque la República Dominicana tenga derecho a decidir el futuro político de Nicaragua; no lo tiene. Tampoco porque deba intervenir en los asuntos internos de otro Estado soberano; tampoco. Lo correcto consiste en otra cosa: defender principios que trascienden las fronteras y que forman parte de los compromisos democráticos asumidos por las naciones del continente. Condenar la supresión de las elecciones no constituye una injerencia; constituye una defensa del derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
Quienes intentan reducir esta discusión a un enfrentamiento entre soberanía e imperialismo están planteando un falso dilema. Se puede rechazar toda forma de intervención extranjera y, al mismo tiempo, condenar sin ambigüedades cualquier intento de perpetuar un régimen eliminando la voluntad popular. Ambas posiciones no solo son compatibles; son moralmente inseparables. Defender una mientras se destruye la otra es vaciar de contenido la palabra libertad.
La mayor ironía de este episodio radica en que el propio Daniel Ortega llegó al poder combatiendo una dictadura. Su nombre quedó asociado durante décadas a la resistencia contra el somocismo, un régimen que convirtió al Estado nicaragüense en patrimonio de una familia. Millones de latinoamericanos vieron en aquella lucha una esperanza para la región. Sin embargo, la historia suele jugar malas pasadas con quienes permanecen demasiado tiempo aferrados al poder. Poco a poco dejan de recordar por qué lucharon y comienzan a parecerse a aquello que prometieron destruir. El revolucionario termina convencido de que solo él puede garantizar la estabilidad; después concluye que toda oposición constituye una amenaza; finalmente descubre que las elecciones representan un riesgo innecesario. Es entonces cuando la revolución deja de pertenecer al pueblo para convertirse en patrimonio del gobernante.
Ningún líder democrático teme a las urnas. Las urnas únicamente inquietan a quienes saben que su permanencia depende más del control de las instituciones que de la confianza de los ciudadanos. Si un proyecto político goza realmente del respaldo mayoritario, no necesita eliminar elecciones; necesita ganarlas. Quien sustituye el voto por la imposición está confesando, sin decirlo, que ha perdido la confianza en el único juez cuya opinión debería importarle: el pueblo.
Por eso resulta profundamente desafortunado utilizar la figura de Gregorio Urbano Gilbert como argumento para responder al Gobierno dominicano. Gilbert jamás luchó para que un gobernante pudiera declararse indispensable. Su patriotismo nunca estuvo al servicio de un hombre, sino de un principio: que ningún poder, extranjero o nacional, tenía derecho a someter la voluntad de un pueblo libre. Si hoy pudiera contemplar la realidad política nicaragüense, difícilmente reconocería como heredero de aquella causa a un régimen que considera innecesario consultar periódicamente a sus ciudadanos mediante elecciones auténticas.
Lo mismo puede afirmarse de Augusto César Sandino. Reducir su legado a un discurso de confrontación contra el imperialismo constituye una lectura incompleta y convenientemente interesada de la historia. Sandino defendía la dignidad nacional, pero esa dignidad comenzaba por el respeto al pueblo nicaragüense. Ningún auténtico patriota entrega su vida para que, décadas después, otro termine apropiándose del Estado como si fuese una hacienda familiar.
Las democracias no mueren únicamente cuando aparecen los tanques en las calles o cuando los militares irrumpen en los palacios de gobierno. En el siglo XXI suelen extinguirse de una manera mucho más silenciosa. Se vacían las instituciones de contenido, se neutralizan los contrapesos, se debilita la independencia judicial, se reduce el espacio de la oposición, se restringen las libertades públicas y, cuando el terreno está completamente despejado, se presenta la permanencia indefinida del poder como una necesidad histórica. El resultado es exactamente el mismo que producían las viejas dictaduras, aunque ahora envuelto en un lenguaje de legalidad, soberanía y revolución permanente.
La democracia, por el contrario, posee una virtud que ningún régimen autoritario ha logrado superar: obliga al gobernante a recordar periódicamente que el poder no le pertenece. Cada elección constituye un recordatorio de que el ciudadano no es un súbdito y de que el Estado no tiene propietarios. Esa es la razón por la que las elecciones libres resultan tan incómodas para quienes confunden gobernar con poseer.
República Dominicana hizo lo correcto al expresar su rechazo a unas declaraciones incompatibles con los valores democráticos que inspiran el sistema interamericano. No actuó como instrumento de ninguna potencia extranjera ni como portavoz de intereses ajenos. Actuó como un Estado que entiende que la defensa de la democracia no termina en sus fronteras cuando lo que está en discusión es un principio universal: el derecho de los pueblos a decidir quién los gobierna.
La soberanía nacional jamás debe utilizarse como refugio para violar la soberanía popular. Ambas nacieron para proteger la libertad, no para destruirla. Una impide que los extranjeros decidan por una nación; la otra impide que un gobernante decida por toda la nación. Separarlas es falsear la esencia misma de la República.
El expresidente checo (Václav Havel), quien conoció en carne propia los excesos del autoritarismo, dejó una reflexión que hoy resuena con extraordinaria vigencia: ❝La tragedia del hombre moderno no es que sepa cada vez menos sobre el sentido de su vida, sino que cada vez le importa menos.❞
Parafraseando esa idea, podría decirse que la tragedia de ciertos gobernantes no consiste en olvidar cómo llegaron al poder, sino en olvidar por qué llegaron. Daniel Ortega combatió una dictadura para devolverle la libertad a Nicaragua. El drama es que, con el paso de los años, parece haber confundido la permanencia con la legitimidad y el poder con el derecho.
Porque el verdadero revolucionario lucha para que ningún hombre sea indispensable, el verdadero demócrata acepta que el pueblo siempre tenga la última palabra y, el verdadero patriota entiende que una nación jamás será completamente libre mientras sus ciudadanos no puedan decidir, mediante elecciones auténticas, quién merece gobernarla.
Así no, comandante Ortega. Así no.
@BienvenidoR_D
@bienvenidocheco
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