Así de sencillo. Lo que durante décadas no pudo resolver la inversión pública aparentemente puede solucionarse agarrando unas tijeras y recortando nuevamente el mapa nacional. Y como últimamente en el Congreso abundan los cirujanos territoriales, cada cierto tiempo aparece uno con el bisturí en una mano, una demarcación en la otra y una nueva provincia debajo del brazo.
El más reciente en entrar al quirófano es el diputado de Duarte Ariel Marte, quien depositó este martes 25 de agosto un proyecto para convertir a Villa Riva en provincia, integrada por el actual municipio y los distritos municipales Agua Santa del Yuna, Cristo Rey de Guaraguao, Las Taranas y Barraquito.
Estamos hablando de un territorio que, según el Censo de 2022 utilizado como referencia por la propia iniciativa, suma 36,066 habitantes. Nada tengo contra Villa Riva, cuya importancia económica y productiva en el Bajo Yuna es indiscutible y que merece mucha más atención e inversión pública de la que históricamente ha recibido.
Lo que resulta difícil comprender es en qué momento decidimos que para construir una carretera hace falta un senador, para mejorar un hospital una gobernación y para acercar los servicios públicos primero hay que ascender una comunidad de categoría en el mapa.
Pero Ariel Marte no está solo en el quirófano. El diputado Abelardo Rutinel sometió el pasado 17 de junio el proyecto para crear la provincia Matías Ramón Mella, cercenando nuevamente la provincia Santo Domingo para integrar en la nueva demarcación a Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Victoria, junto con sus respectivos distritos municipales.
Y Rutinel tampoco llegó solo con las tijeras: la iniciativa fue respaldada con las firmas de decenas de legisladores de diferentes partidos. De manera que esto ya no parece una ocurrencia aislada de algún congresista particularmente entusiasmado con la geografía; empieza a parecer una especialidad legislativa.
Por si faltara espacio en la mesa de operaciones, también está Félix Bautista, senador por San Juan, con su proyecto para crear la provincia Santa Lucía, reintroducido en agosto de 2025 y actualmente entre las iniciativas consideradas en el Congreso. La propuesta pretende separar de San Juan los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, junto con sus respectivos distritos municipales, para fabricar otra provincia de aproximadamente 1,122 kilómetros cuadrados.
Ariel Marte quiere Villa Riva; Abelardo Rutinel, Matías Ramón Mella; Félix Bautista, Santa Lucía. A este paso habrá que comenzar a preguntar no cuáles comunidades reúnen condiciones para convertirse en provincias, sino cuáles han logrado sobrevivir todavía sin que algún legislador las haya operado.
Y la fiebre no termina ahí. Durante los últimos cinco años han sido presentadas siete iniciativas para crear seis nuevas provincias, entre ellas proyectos para convertir Haina en Río Haina, propuestas anteriores de Francisco del Rosario Sánchez y Gregorio Luperón, además de Matías Ramón Mella, Santa Lucía y ahora Villa Riva. Varias de esas piezas permanecen sin ser conocidas por el pleno y duermen en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados.
Es decir, tenemos un verdadero almacén de provincias esperando turno. Si alguna vez el Congreso decide aprobarlas en paquete, quizás resulte más práctico imprimir un mapa nuevo que intentar corregir el viejo.
Y es precisamente el mapa el que convierte todo esto en una ironía difícil de superar. República Dominicana tiene aproximadamente 48 mil kilómetros cuadrados, 31 provincias y el Distrito Nacional. Canadá ronda los diez millones de kilómetros cuadrados y tiene diez provincias y tres territorios; Brasil supera los ocho millones y medio de kilómetros cuadrados y posee 26 estados y un Distrito Federal; Argentina tiene alrededor de 2.8 millones de kilómetros cuadrados y está organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; México, con casi dos millones de kilómetros cuadrados, cuenta con 32 entidades federativas. Estados Unidos, con más de nueve millones de kilómetros cuadrados, tiene 50 estados. Dicho de manera más gráfica: Canadá es más de 200 veces mayor que República Dominicana, Brasil alrededor de 176 veces, Estados Unidos cerca de 200 veces, Argentina unas 58 veces y México aproximadamente 40 veces. Ellos parecen arreglárselas. Nosotros, metidos en 48 mil kilómetros cuadrados, aparentemente todavía sentimos que nos sobra terreno para seguir cortando.
Naturalmente, los estados de una federación y las provincias dominicanas no son estructuras constitucionalmente equivalentes, y sería intelectualmente irresponsable compararlas como instituciones idénticas. La comparación es territorial y administrativa y sirve para colocar nuestra obsesión en perspectiva: países decenas y hasta centenares de veces mayores pueden administrar extensiones gigantescas sin asumir que cada problema de desarrollo se resuelve creando una nueva demarcación territorial de primer nivel. Aquí, en cambio, hemos conseguido convertir la multiplicación burocrática en una curiosa modalidad de descentralización.
Porque crear una provincia no consiste simplemente en buscarle un nombre de prócer, cambiarle el color a un pedazo del mapa y celebrar un acto con discursos y fotografías. Una provincia significa representación política propia, un senador, una gobernación, estructuras administrativas y electorales, oficinas y representaciones territoriales de instituciones públicas, además de los recursos necesarios para mantener todo ese aparato.
Entonces aparece la pregunta que debería preceder a cualquiera de estos proyectos y que curiosamente suele llegar después: ¿cuánto cuesta? ¿Dónde está el estudio económico que demuestra que fabricar una nueva provincia resulta más eficiente que invertir directamente esos recursos en las comunidades cuyo desarrollo supuestamente se persigue?
Si Villa Riva necesita desarrollo, desarróllela. Si Las Matas de Farfán necesita inversión, inviértase allí. Si Santo Domingo Oeste necesita servicios públicos más cercanos, llévenlos hasta Santo Domingo Oeste. Si Los Alcarrizos necesita mayor presencia institucional, instálense las oficinas necesarias. Para construir una carretera no hace falta crear una provincia; para levantar un hospital tampoco; para mejorar una escuela no necesitamos una gobernación y para acercar el Estado al ciudadano no debería ser indispensable regalarle un senador.
Existe además un elemento político que sería una ingenuidad monumental ignorar: cada nueva provincia crea un nuevo espacio senatorial y modifica el tablero territorial donde se distribuye el poder político. Eso, por supuesto, no demuestra que Ariel Marte, Abelardo Rutinel, Félix Bautista o cualquier otro proponente persiga personalmente semejante objetivo, y atribuírselo sin pruebas sería irresponsable.
Pero la consecuencia existe independientemente de las intenciones y, precisamente por eso, la pregunta es legítima: ¿estamos reorganizando el territorio nacional porque existen necesidades administrativas demostradas mediante estudios técnicos o estamos creando nuevas parcelas políticas que, casualmente, vienen acompañadas de nuevos cargos electivos?
Porque llevado el método hasta sus últimas consecuencias, la solución sería maravillosa. ¿Demasiados aspirantes para una senaduría? Se corta la provincia. ¿El espacio político quedó estrecho? Se corta otra vez. ¿Todavía quedan dirigentes sin candidatura disponible? Busquen las tijeras. Con suficiente entusiasmo legislativo podemos resolver definitivamente el problema: una provincia para cada aspirante y, cuando se terminen los municipios, comenzamos con los distritos municipales.
Lo verdaderamente revolucionario sería que algún legislador propusiera justamente lo contrario: un estudio nacional serio para determinar si nuestra división político-administrativa continúa siendo racional, cuánto cuesta mantenerla, cuáles estructuras realmente acercan los servicios a la población y qué criterios objetivos de población, territorio, sostenibilidad económica y eficiencia administrativa deberían cumplirse antes de permitir que alguien vuelva a sacar el bisturí. Eso probablemente resulte menos atractivo. Reducir burocracia no crea cargos; crear provincias sí.
República Dominicana no necesita seguir picándose en pedazos para demostrar que el Estado está cerca de la gente. El Estado se acerca construyendo hospitales que funcionen, carreteras transitables, acueductos que lleven agua, escuelas que enseñen, seguridad que proteja y administraciones públicas capaces de responder. El desarrollo no depende de cuántas rayas podamos dibujar sobre un mapa, sino de lo que el Estado sea capaz de hacer dentro de ellas.
Así que mientras Ariel Marte saca las tijeras en Duarte para crear Villa Riva, Abelardo Rutinel recorta Santo Domingo para fabricar Matías Ramón Mella y Félix Bautista reserva su pedazo de San Juan para Santa Lucía, quizás antes de continuar buscando nombres de próceres para bautizar nuevas demarcaciones convendría guardar el bisturí, mirar el tamaño del país y hacerse una pregunta bastante más sencilla:
¿Más provincias? ¿Todavía caben?
@BienvenidoR_D
@bienvenidocheco
bienvenidocheco@hotmail.com
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