Hay vergüenzas nacionales que producen escándalo y otras que, por repetirse demasiado, terminan convertidas en costumbre. La educación dominicana pertenece peligrosamente a la segunda categoría. PISA 2025 acaba de colocarnos nuevamente frente al espejo y lo que devuelve no es una imagen agradable: República Dominicana continúa instalada entre los sistemas educativos de peor desempeño, mientras nosotros seguimos graduando estudiantes, entregando certificados, inaugurando años escolares y hablando de transformación como si pasar de curso y aprender fueran exactamente la misma cosa.
Los números son demasiado graves para necesitar una montaña de estadísticas. Apenas el 9 % de los estudiantes dominicanos evaluados alcanzó por lo menos el nivel básico de competencia en matemáticas; solamente el 23 % lo consiguió en lectura y el 26 % en ciencias. Dicho sin anestesia: alrededor de nueve de cada diez no alcanzaron el nivel mínimo establecido por PISA en matemáticas, más de tres de cada cuatro tampoco en lectura y casi tres de cada cuatro en ciencias. No estamos hablando de resolver problemas de física cuántica ni de interpretar tratados filosóficos, sino de competencias elementales que debería manejar un estudiante de 15 años. Esa es la primera obscenidad: hemos perfeccionado el arte de promover estudiantes sin garantizar que aprendan. El muchacho entra, pasa de grado, vuelve a pasar, continúa pasando y finalmente obtiene un certificado que dice que estuvo allí; otra cosa muy distinta es determinar qué demonios aprendió mientras estuvo allí.
La responsabilidad política inmediata tiene nombre y tiempo. Cuando se realizó PISA 2025, el gobierno encabezado por Luis Abinader llevaba aproximadamente cinco años administrando el Estado dominicano y, por consiguiente, el sistema educativo. Cinco años son tiempo suficiente para establecer políticas, corregir errores, ejecutar presupuestos, evaluar profesores, intervenir escuelas deficientes, fortalecer aprendizajes fundamentales y comenzar a mostrar resultados. Que nadie venga ahora con el cómodo expediente de la herencia. Naturalmente que el desastre educativo dominicano no comenzó en agosto de 2020, porque arrastra décadas de deficiencias y los gobiernos anteriores tienen su cuota histórica de responsabilidad, pero gobernar consiste precisamente en recibir problemas y resolverlos. Si PISA hubiese colocado a República Dominicana entre los sistemas educativos de mejor desempeño de la región, nadie en el Gobierno habría convocado una rueda de prensa para informar humildemente que el mérito correspondía a las administraciones anteriores. Nos habrían explicado, con gráficos, videos, discursos y probablemente alguna bonita campaña publicitaria, que cinco años de transformación estaban dando resultados. Pues bien: los resultados son estos y pertenecen políticamente, en primer término, a quienes administraban el sistema cuando fueron producidos.
Más incómodo todavía resulta comprobar que entre PISA 2022 y PISA 2025 el desempeño dominicano permaneció aproximadamente igual en matemáticas, lectura y ciencias. Es decir, no estamos solamente ante resultados malos, sino ante la evidencia de un estancamiento dentro de una administración que ya había tenido tiempo, recursos y poder suficientes para comenzar a modificar sustancialmente la situación. Y recursos no han faltado, porque aquí aparece inevitablemente aquella conquista social llamada 4 % del PIB para la educación.
Durante años se nos explicó que la gran deuda dominicana con la educación era presupuestaria y ciertamente lo era. Ningún sistema educativo serio puede funcionar sin dinero: hacen falta escuelas, profesores, libros, laboratorios, tecnología, mantenimiento, alimentación, transporte, capacitación y salarios dignos. La lucha por mayores recursos fue legítima y necesaria. Sin embargo, en 2010, cuando la exigencia del 4 % estaba en pleno debate nacional, el entonces presidente Leonel Fernández hizo una afirmación que provocó una enorme controversia: consideró un error reducir toda la discusión educativa al porcentaje del PIB y sostuvo que no existía una correlación automática entre volumen de inversión y desempeño. Reconoció que los recursos eran insuficientes, pero planteó que el dinero, por sí mismo, no resolvía el problema.
Quince años después convendría volver sobre aquella discusión sin fanatismos, porque conseguimos el dinero y seguimos buscando la educación. El 4 % era necesario, pero nunca fue una fórmula mágica. Un presupuesto puede comprar computadoras, pero no obligar a utilizarlas correctamente; puede construir aulas, pero no garantizar que dentro de ellas se enseñe; puede pagar salarios, pero no fabricar vocación; puede financiar capacitación, pero no impedir que alguien vaya a un taller, firme una asistencia y continúe enseñando exactamente igual; puede comprar libros, pero no obligar a leerlos; puede financiar un calendario escolar completo, pero no conseguir que profesores y estudiantes lo respeten si el propio sistema tolera que no lo hagan. Ahí está probablemente uno de nuestros grandes fracasos: confundimos inversión educativa con resultados educativos.
Y todavía existe una ironía casi perfecta. En enero de 2025, el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguraba públicamente que la reorientación del 4 % estaba produciendo mejoras, que se había duplicado la inversión en formación docente y que las bases necesarias para el cambio educativo estaban establecidas. Meses después llegó PISA, y PISA no lee notas de prensa: evalúa estudiantes. Entonces la pregunta ya no puede ser cuánto dinero recibe Educación, sino qué demonios estamos produciendo con todo ese dinero.
Porque alrededor del 4 % hemos construido una gigantesca maquinaria administrativa: ministerio, viceministerios, regionales, distritos, direcciones, departamentos, coordinadores, técnicos, asesores, programas, talleres, congresos, capacitaciones, estrategias, plataformas, dispositivos, informes y planes cuyos nombres cambian periódicamente mientras una proporción escandalosa de nuestros estudiantes continúa sin alcanzar competencias elementales. Tenemos una educación extraordinariamente eficiente produciendo programas educativos y bastante menos eficiente produciendo educación.
Ahora bien, sería demasiado cómodo convertir al Gobierno y al Ministerio en basureros donde los demás depositemos nuestras propias responsabilidades. Los profesores también tienen que sentarse en el banquillo. Hay maestros extraordinarios que sostienen prácticamente a pulso escuelas enteras, trabajan en condiciones difíciles, compran materiales con su propio dinero, preparan clases, se actualizan y hacen mucho más de aquello por lo que reciben un salario. A esos maestros hay que respetarlos, protegerlos y pagarles dignamente, pero precisamente por respeto a ellos hay que decir lo demás: también existen profesores mediocres, vagos, ausentistas, deficientemente preparados y profesionales que hace mucho dejaron de estudiar aunque paradójicamente se dediquen a enseñar. Hay quienes parecen considerar que obtener un nombramiento significa haber adquirido simultáneamente estabilidad laboral, inmunidad profesional y derecho a no ser evaluados por resultados.
Quien cobra por enseñar tiene la obligación de enseñar. Quien no sabe hacerlo debe ser capacitado; quien puede mejorar debe recibir herramientas para hacerlo; pero quien reiteradamente no quiere cumplir no puede continuar siendo protegido eternamente a costa del estudiante. La Asociación Dominicana de Profesores tiene la legítima función de defender derechos laborales, salarios, pensiones y condiciones de trabajo, pero ninguna organización puede pretender que los derechos de sus afiliados estén por encima del derecho de cientos de miles de niños a recibir educación. La escuela existe primero para el estudiante, no para el ministro, el sindicato ni siquiera para el profesor.
Ahora viene la parte que cierta pedagogía condescendiente preferiría no escuchar: también hay estudiantes vagos. Sí, vagos. No todos los estudiantes que fracasan son víctimas inocentes de un profesor incompetente, una escuela deteriorada o un ministro incapaz. Hay muchachos pobres que caminan kilómetros, estudian bajo condiciones difíciles y hacen esfuerzos extraordinarios para aprender, y precisamente por respeto a ellos resulta insultante fingir que no existe también el estudiante que sencillamente no quiere hacer nada: el que no lee, no hace tareas, falta, llega tarde, conversa durante la clase, no escucha al profesor y pretende pasar de curso realizando el mínimo esfuerzo posible. PISA 2025 encontró un dato que debería avergonzarnos: aproximadamente la mitad de los estudiantes dominicanos evaluados había faltado por lo menos un día completo durante las dos semanas anteriores a la prueba y el 45 % reconoció haberse saltado por lo menos una clase. Quizás nuestra próxima gran reforma educativa deba incorporar una innovación pedagógica revolucionaria: para aprender en la escuela conviene asistir a la escuela.
Tampoco podemos ignorar lo que ocurre cuando finalmente llegan. El 40 % de los estudiantes dominicanos reportó ruido y desorden durante la mayoría o todas sus clases de ciencias y el 37 % dijo que sus compañeros no escuchaban al profesor. ¿Qué aprendizaje serio puede producirse en un aula donde una parte considerable de los estudiantes no escucha, interrumpe, conversa, mira el teléfono o sencillamente ha decidido que aquello no le interesa? Aquí hemos cometido otra estupidez: debilitar progresivamente el concepto de autoridad hasta confundir disciplina con autoritarismo. Un aula necesita reglas, respeto, consecuencias, profesores con autoridad pedagógica y estudiantes conscientes de que, además de derechos, tienen obligaciones. Ninguna metodología finlandesa, japonesa, singapurense ni marciana funciona dentro de un aula donde nadie puede dar una clase.
Y después vienen las familias, que también tenemos asiento reservado en este desastre. Hemos producido padres obsesionados con que sus hijos pasen de curso y sorprendentemente poco interesados en comprobar qué aprendieron; padres capaces de presentarse indignados en una escuela porque el muchacho obtuvo una mala calificación, pero incapaces de recordar la última vez que lo vieron leyendo un libro. Hemos confundido proteger a nuestros hijos con evitarles consecuencias: el profesor no puede corregirlo demasiado, la escuela no puede sancionarlo, la nota no puede ser tan baja, no puede repetir, no puede frustrarse, no puede sentirse mal. Mientras construimos alrededor del muchacho una gigantesca burbuja protectora, esperamos misteriosamente que dentro de ella aparezcan disciplina, responsabilidad, esfuerzo y carácter.
Pero todavía falta otro profesor, probablemente el más poderoso de todos: la sociedad. Un niño no aprende únicamente aquello que escucha dentro de la escuela, también aprende observando qué recompensa el mundo que lo rodea. Y ahí nuestra sociedad imparte diariamente una clase magistral: el conocimiento exige años, la disciplina exige sacrificios, una profesión exige preparación, leer exige concentración y aprender matemáticas exige esfuerzo, mientras el espectáculo ofrece algo bastante más atractivo, el reconocimiento inmediato.
Ahí aparece, en su justa dimensión dentro de este problema, el fenómeno Alofoke. No es responsable de PISA ni inventó el desastre educativo dominicano, porque sería absurdo concederle semejante importancia, pero tampoco vamos a presentarlo como un inocente personaje que casualmente pasaba por allí. Forma parte del ecosistema cultural que nuestros muchachos observan. Un adolescente ve a Santiago Matías convertido en millonario, famoso, influyente, rodeado de figuras públicas, entrevistando políticos, marcando conversaciones nacionales y hasta hablando de aspiraciones presidenciales; después mira al profesor que lleva veinte años estudiando y trabajando para sobrevivir con un salario modesto, y hace una comparación que no necesariamente es inteligente, pero resulta perfectamente comprensible: ¿para qué diablos voy a matarme estudiando?
Algunos querrán ser médicos, ingenieros, profesores, científicos, técnicos, periodistas o empresarios. Otros comenzarán a preguntarse para qué estudiar tantos años si aparentemente existe un camino mucho más rápido hacia aquello que nuestra sociedad presenta diariamente como éxito: dinero, fama, vehículos, notoriedad, seguidores y poder. Entonces aparece el muchacho que ya no sueña con prepararse, sino con pegarse, hacerse viral, convertirse en influencer o ser el próximo Alofoke. No porque Alofoke haya entrado en su escuela a convencerlo de abandonar los estudios, sino porque la sociedad le ha enseñado mediante sus recompensas qué cosas parecen valer más.
Ahí también fracasa la educación, porque mientras el profesor intenta convencer al estudiante de que el conocimiento transforma su futuro, afuera existe una gigantesca industria diciéndole que lo importante es llamar la atención, y muchas veces gana la industria. No culpemos entonces exclusivamente al teléfono: el aparato no decidió qué sociedad mostrarle al muchacho, la construimos nosotros. Los medios también somos responsables cuando convertimos cualquier estupidez viral en acontecimiento nacional; los comunicadores, cuando premiamos el escándalo porque genera audiencia; los políticos, cuando corren detrás del influencer buscando sus seguidores y terminan legitimándolo como referente público; los empresarios, cuando patrocinan cualquier contenido mientras produzca números; y las familias, cuando el teléfono educa durante más horas que ellas. El muchacho mira, observa y aprende, porque también eso es educación.
Por eso este desastre no se arregla cambiando nuevamente el currículo ni inventando otro programa con un nombre grandilocuente. Hay que tocarlo todo: revisar la formación docente, evaluar desempeño, premiar al profesor excelente y dejar de proteger al irresponsable; devolver autoridad al aula; exigir asistencia y disciplina al estudiante; responsabilizar a las familias; fiscalizar cada peso del 4 %; medir resultados y no actividades; impedir que la política convierta el sistema educativo en refugio de empleos y favores; dejar de aprobar estudiantes únicamente para mejorar estadísticas; recuperar la lectura; controlar seriamente el teléfono dentro del aula y convertir nuevamente el conocimiento en algo socialmente respetable.
Sobre todo, hay que recuperar una palabra que parece haber sido expulsada de nuestro vocabulario educativo: exigencia. Hay que exigirle al estudiante, al profesor, al director, al técnico, al padre y al ministro, pero al Gobierno hay que exigirle mucho más porque administra el dinero, establece las políticas, dirige el sistema y responde políticamente por sus resultados. No existe transformación educativa sin responsabilidad, y aquí hemos creado demasiadas responsabilidades sin consecuencias: el estudiante no aprende y pasa, el profesor no cumple y cobra, el funcionario fracasa y explica, el político administra durante años y culpa al pasado, el padre no supervisa y culpa a la escuela, el sindicato protesta y culpa al Ministerio, mientras el Ministerio presenta un programa nuevo y el círculo vuelve a comenzar.
Quizás ahí esté la verdadera explicación de PISA. No somos un país sin talento ni una sociedad intelectualmente incapacitada; somos un país que durante demasiado tiempo ha tolerado la mediocridad como si fuera una condición inevitable, y PISA acaba de hacer algo extraordinariamente sencillo: medir las consecuencias. El resultado duele porque destruye nuestra retórica. Podemos inaugurar escuelas, repartir computadoras, ejecutar el 4 %, imprimir millones de libros, capacitar miles de profesores, llenar los medios de publicidad institucional, promover estudiantes, entregar diplomas e incluso felicitarnos entre nosotros, pero al final alguien tiene que aprender. Pasar de curso no significa aprender, tener una computadora no significa saber, poseer un título no significa estar formado, tener millones de seguidores no significa tener conocimiento y gastar miles de millones en educación no significa educar.
PISA 2025 acaba de colocarnos nuevamente frente a esa realidad. Ahora podemos hacer lo que acostumbramos: buscar culpables, emitir comunicados, organizar seminarios, crear una comisión, anunciar otro plan, esperar que pase el escándalo y dentro de tres años sorprendernos otra vez. O podemos admitir finalmente que la educación dominicana no necesita otra explicación del fracaso, sino dejar de premiarlo, justificarlo y promoverlo de curso. Porque quizás lo verdaderamente vergonzoso no sea estar nuevamente entre los peores; lo verdaderamente vergonzoso sería mirar estos resultados, indignarnos durante una semana y después continuar haciendo exactamente lo mismo.
@BienvenidoR_D
@bienvenidocheco
bienvenidocheco@hotmail.com
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