La violencia de género, la domestica y los feminicidios constituyen uno de los problemas más graves de política criminal en República Dominicana. El país ocupa actualmente el segundo lugar en América Latina y Centroamérica en homicidios contra mujeres, con un rango que oscila entre 60 y 90 víctimas anuales. Estas cifras, lejos de reducirse de manera sostenida, se han mantenido elevadas pese a reformas legislativas parciales y campañas de concienciación.
Siempre que se hace una crítica a la política criminal de estos temas, se debe delimitar conceptualmente las figuras involucradas (violencia de género, violencia intrafamiliar y feminicidio) y proponer medidas estructurales desde una perspectiva integral, que articule salud mental, prevención temprana, institucionalidad coordinada, marco normativo claro y participación ciudadana.
Marco cultural: patriarcado y modernidad líquida. El análisis sociológico obliga a reconocer el peso del patriarcado en la configuración de la violencia. Desde épocas primitivas, la fuerza y la provisión se asociaron al hombre, y el cuidado doméstico a la mujer. Estas asimetrías se institucionalizaron en un sistema patriarcal que tardíamente reconoció la igualdad de derechos.
En la llamada modernidad líquida (Bauman), aunque los roles tradicionales se flexibilizan, la asignación cultural persiste, reproduciendo desigualdades estructurales. En países europeos, la respuesta ha sido la adopción de políticas de discriminación positiva —cuotas de género, protección laboral, participación política paritaria— que buscan corregir desequilibrios históricos.
Conceptualización: violencia de género, violencia intrafamiliar y feminicidio. Desde un punto de vista dogmático, la violencia de género es toda agresión —física, psicológica, económica o simbólica— ejercida contra una mujer por razón de su condición de género, es decir, por las relaciones históricas de poder y subordinación entre hombres y mujeres. Su fundamento radica en la discriminación estructural y en patrones culturales patriarcales que asignan roles diferenciados según sexo.
La violencia intrafamiliar o doméstica, por su parte, se enmarca en el ámbito de la convivencia familiar: esposos, exparejas, hijos, hermanos u otros parientes. El bien jurídico protegido es la sostenibilidad y armonía de la familia como núcleo social.
El feminicidio constituye la manifestación más extrema de la violencia de género: la privación de la vida de una mujer en un contexto de discriminación, dominación o control de su pareja, expareja u otro agresor (ahora penalizada por el mero hecho de ser mujer fuera de la relacion de pareja).
Raíces sociológicas y psicológicas. Los feminicidios rara vez surgen de un conflicto aislado. La evidencia criminológica muestra que, en la mayoría de los casos, están precedidos por episodios de violencia psicológica persistente, celos patológicos, control coercitivo y deterioro progresivo de la salud mental del agresor. No sorprende que un número considerable de estos casos culminen en homicidios-suicidios, lo que evidencia un patrón de descontrol emocional profundo.
Por ello, una política criminal efectiva no puede reducirse a la reacción penal ex post, sino que debe integrar políticas públicas de salud mental, orientadas tanto a víctimas como a agresores. El tratamiento psicológico obligatorio y el seguimiento conductual deben ser componentes esenciales, no medidas accesorias.
Crítica a la política criminal dominicana. El modelo dominicano se caracteriza por una respuesta fragmentada y reactiva. Las medidas habituales consisten en órdenes de alejamiento, prisión preventiva y charlas esporádicas sobre control de ira. Estas acciones carecen de continuidad y no generan impacto en la reducción de la violencia. Las estadísticas muestran que alrededor del 30 % de los casos de violencia de género terminan en feminicidio, lo que revela una ausencia de prevención primaria y secundaria. El Estado interviene tarde, cuando la escalada violenta ya es irreversible.
Una política criminal moderna debe operar en tres niveles:
1. Prevención social y educativa: incorporar en el currículo escolar y detección temprana de microviolencias; campañas nacionales; herramientas tecnológicas (apps de denuncia segura).
2. Intervención institucional articulada: crear unidades interinstitucionales del Ministerio Público, Salud Pública y Policía Nacional, con facultad para realizar visitas sorpresa, levantar informes de riesgo.
La violencia de género y los feminicidios son una emergencia nacional en República Dominicana. Sin un cambio estructural y la creación de una política criminal moderna, con enfoque preventivo y multidisciplinario, no se podrá revertir una realidad que compromete la seguridad, la justicia y el futuro de las próximas generaciones.
Continuará…
Por: Ricardo Nieves,-@nieves_rd
@doctornieves
nievesricardord@gmail.com
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