❝La medicina es una ciencia social, y la política no es otra cosa que medicina a gran escala❞. Rudolf Virchow: Médico, patólogo y reformador social alemán.
El fraude cometido contra SENASA no fue una travesura administrativa ni una distorsión técnica del sistema. Fue un delito estructurado, consciente y reiterado. Y en ese entramado criminal hubo actores sin los cuales el saqueo simplemente no era posible. Entre ellos, en lugar destacado y vergonzoso, médicos que decidieron cruzar la línea y convertirse en cómplices activos del robo.
Que no se pierda el punto central: sin la intervención de un médico, el fraude no camina. No hay receta válida, no hay autorización médica, no hay justificación clínica, no hay forma legal de activar el circuito del despojo. El esquema necesitó profesionales de la salud dispuestos a falsear, inflar, validar o simular actos médicos con pleno conocimiento de causa.
Eso no es negligencia, eso no es error, eso no es una “zona gris”, eso es conducta penalmente relevante.
El caso SENASA es un mega fraude que golpeó directamente a la población más vulnerable del país. Personas que dependen de ese seguro para tratar enfermedades crónicas, recibir medicamentos esenciales o simplemente tener acceso a atención médica. Lo ocurrido no solo vació arcas públicas, vació tratamientos, negó servicios y degradó la dignidad humana. Por eso no es exagerado hablar de un crimen con dimensiones de lesa humanidad.
El médico que participó en este esquema sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que la receta no respondía a una necesidad real. Sabía que el procedimiento no se había realizado o no se justificaba. Sabía que estaba habilitando un cobro fraudulento. Y aun así firmó. Esa firma no fue inocente: fue el disparo inicial del delito.
Se ha señalado, y así lo recoge el rumor público y parte del expediente del Ministerio Público, la participación de grandes cadenas de farmacias en el entramado. Eso debe investigarse con la misma severidad y castigarse sin contemplaciones. Pero no se puede permitir una narrativa que intente diluir responsabilidades. La farmacia despacha; el médico autoriza. Y quien autoriza falsamente, habilita el saqueo.
Desde el punto de vista jurídico, la conducta de estos médicos encaja en figuras claras: asociación de malhechores, falsedad en documentos, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y complicidad directa en un esquema de defraudación masiva. Desde el punto de vista ético, el juicio es aún más severo: traicionaron la esencia misma de su profesión.
Por eso, las consecuencias deben ser proporcionales al daño causado y no limitarse a sanciones administrativas decorativas. Lo que corresponde es:
Investigación penal exhaustiva, sin privilegios ni filtros corporativos, sometimiento a la justicia ordinaria de todo médico al que se le compruebe participación, condena a prisión, conforme a la gravedad del delito, despojo total de los fondos obtenidos ilícitamente, incluyendo bienes adquiridos con dinero del fraude, revocación definitiva del exequátur, sin posibilidad de rehabilitación.
El exequátur no es un amuleto.
Es una autorización del Estado para ejercer una función social delicada, cuando se utiliza como herramienta de delito, pierde toda razón de existir, quien usó su licencia para robar no puede volver a ejercer la medicina, ni hoy ni mañana.
Aquí no hay espacio para discursos corporativistas ni defensas gremiales automáticas, defender al culpable solo mancha al inocente, el silencio cómplice del sector sería otra forma de encubrimiento.
El país necesita una señal clara.
El sistema de salud no puede ser tratado como botín, la bata blanca no puede ser sinónimo de impunidad, si este caso termina con acuerdos blandos, sanciones simbólicas o castigos selectivos, el mensaje será letal: que el crimen paga, siempre que se cometa con sello profesional.
El caso SENASA debe cerrar con condenas reales, con bienes recuperados y con licencias revocadas, todo lo demás será simulación de justicia y, la simulación, en este contexto, también es crimen.
❝¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo!❞.
Isaías 10:1-2
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