Cruz Cruz no dijo que fuera destituido por actuar correctamente. Tampoco señaló al presidente Luis Abinader, a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ni a ninguna otra autoridad como responsable de haberlo apartado por defender determinados principios. Sería irresponsable atribuirle una denuncia que expresamente no hizo. Pero sería igualmente ingenuo escuchar aquellas palabras como si hubiesen sido pronunciadas durante una charla motivacional ante estudiantes de secundaria. Las dijo un hombre que estaba entregando el mando de la Policía Nacional y que, al despedirse, decidió advertir a sus subordinados que hacer lo correcto puede costarles el puesto. En política y en la administración pública, el contexto también habla.
Y precisamente por eso la pregunta resulta inevitable: ¿qué quiso decir Andrés Cruz Cruz? Porque si su mensaje fue simplemente una exhortación ética, resulta llamativa la crudeza del ejemplo escogido. Pudo hablar de sacrificios, dificultades, incomprensiones o consecuencias. Sin embargo, habló específicamente del puesto. Del cargo. De aquello que él mismo estaba dejando en ese preciso momento. Pretender que semejante coincidencia carece absolutamente de significado sería exigirle demasiado a la ingenuidad ciudadana.
Tal vez nunca conozcamos todo lo ocurrido detrás de las puertas de una institución tan compleja como la Policía Nacional durante aquellos seis meses. Tal vez existan razones administrativas, estratégicas o políticas perfectamente legítimas para su sustitución. Pero mientras esas razones no expliquen por sí solas el contexto, las palabras del exdirector permanecerán ahí, incómodas, como una interrogante que el Gobierno no debería despreciar. Porque lo que se desprende de ellas —y subrayo: lo que se desprende, no lo que podemos afirmar como hecho demostrado— es todavía más preocupante que una simple destitución: la posibilidad de que actuar correctamente pueda convertirse en una desventaja dentro del aparato público.
Ese problema, además, trasciende a Cruz Cruz. Es una vieja enfermedad de nuestras instituciones. Demasiadas veces el funcionario que pregunta molesta; el que fiscaliza incomoda; el que se niega a firmar lo que considera incorrecto se vuelve problemático; el que exige procedimientos es señalado como obstáculo; mientras el complaciente, el silencioso y el que entiende rápidamente hacia dónde sopla el viento suele desarrollar una extraordinaria capacidad de supervivencia burocrática. Entonces terminamos construyendo una administración pública donde el mérito no siempre consiste en hacer bien el trabajo, sino en aprender cuándo mirar hacia otro lado.
Y eso es particularmente grave cuando hablamos de los cuerpos armados y de seguridad del Estado. Un policía no puede recibir como lección práctica que la obediencia conveniente vale más que la legalidad. Un militar no puede entender que preservar su carrera exige acomodar sus principios a las circunstancias. Un servidor público no debería tener que escoger entre conservar su puesto y conservar su integridad. Porque cuando esa disyuntiva comienza a formar parte de la cultura institucional, el problema ya no pertenece al funcionario que sale: pertenece al Estado que permanece.
Hay una ironía difícil de ignorar. Durante años hemos escuchado discursos sobre reforma policial, profesionalización, transparencia, institucionalidad, régimen de consecuencias y fortalecimiento ético. Son palabras impecables. El problema comienza cuando aparece alguien dispuesto a tomárselas demasiado en serio. Entonces descubrimos si aquello era realmente una política de Estado o simplemente un vocabulario apropiado para ceremonias, ruedas de prensa y documentos oficiales. La institucionalidad no se demuestra hablando de ella; se demuestra cuando quien aplica las reglas puede hacerlo incluso cuando esas reglas incomodan.
Por eso las palabras de Cruz Cruz merecen algo más que convertirse en una bonita tarjeta para las redes sociales. Reducirlas a una frase inspiradora sería probablemente la manera más cómoda de neutralizarlas. Su mensaje obliga a preguntarnos qué ocurre dentro de nuestras instituciones cuando alguien decide hacer exactamente aquello que públicamente se le exige hacer: actuar correctamente. ¿Puede hacerlo sin consecuencias cuando su actuación incomoda intereses, rompe determinadas dinámicas o simplemente se niega a transitar por caminos distintos a los que establecen la ley y sus principios? Si la respuesta fuese negativa, entonces tendríamos un problema mucho mayor que el relevo de un director policial.
Tampoco corresponde fabricar un mártir donde todavía no existen elementos suficientes para hacerlo. Cruz Cruz tendrá que responder por sus aciertos y errores durante el período que estuvo al frente de la Policía Nacional, como cualquier funcionario público. La integridad no se presume solamente porque alguien hable de ella al abandonar un cargo. Pero tampoco podemos hacer como si sus palabras hubiesen sido pronunciadas en el vacío. Una sociedad adulta debe ser capaz de mantener ambas cosas al mismo tiempo: prudencia frente a lo que no está demostrado y atención frente a aquello que resulta demasiado significativo para ignorarlo.
Quizás ahí radique lo más inquietante de aquella despedida. Cruz Cruz no necesitó acusar a nadie. No denunció conspiraciones, no reveló nombres, no presentó expedientes ni convirtió su salida en espectáculo. Simplemente les dijo a quienes quedaban detrás que preservaran sus principios éticos y morales, que lucharan por lo correcto y que estuvieran preparados incluso para perder el puesto por hacerlo. Cada quien podrá interpretar esas palabras como considere. Pero difícilmente podrá sostener que son palabras normales en boca de un hombre que acaba de entregar precisamente el puesto del que está hablando.
Entonces volvamos a la pregunta que da título a estas líneas: ¿cuándo hacer lo correcto cuesta el puesto? ¿Cuando la integridad comienza a incomodar? ¿Cuando cumplir estrictamente con el deber deja de resultar conveniente? ¿Cuando la obediencia que se espera no es exactamente la que establecen las leyes y los reglamentos? No afirmo que alguna de esas circunstancias explique la salida de Cruz Cruz. Lo que afirmo es que sus propias palabras hacen legítimo preguntarlo. Y cuando semejante interrogante surge de la despedida de quien acaba de dirigir la Policía Nacional, corresponde prestar atención, no mirar hacia otro lado.
Si algún día llegáramos a aceptar como normal que dentro del Estado hacer lo correcto tiene un precio, entonces habremos invertido completamente el sentido del servicio público. El funcionario decente será el incómodo; el íntegro, el problemático; el que cumple la ley, el poco práctico; y el que sabe acomodarse, el inteligente. Ese sería el peor mensaje posible para cualquier generación de policías, militares o servidores públicos.
Andrés Modesto Cruz Cruz dejó la Dirección General de la Policía Nacional. Las circunstancias y el tiempo permitirán juzgar su gestión con mayor perspectiva. Pero dejó también una frase que el poder debería escuchar con mucha más atención de la que probablemente le resulte cómoda: “No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto”.
Porque en un Estado verdaderamente institucional, hacer lo correcto jamás debería ser motivo para perder un puesto. Debería ser la primera condición para merecerlo.
Por: Bienvenido Checo,-
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