Desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses atacaron territorio venezolano y secuestraron al presidente en ejercicio Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos por la fuerza a Estados Unidos, buena parte del libreto utilizado durante años comenzó a desaparecer con una rapidez asombrosa. Washington llama a aquella operación una captura destinada a llevar a Maduro ante la justicia estadounidense, pero el hecho material es bastante menos elegante: fuerzas de un Estado penetraron militarmente en otro Estado soberano, se llevaron por la fuerza a quien ejercía su Presidencia y lo trasladaron a territorio estadounidense, sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni consentimiento del Estado venezolano. Especialistas en derecho internacional han descrito expresamente la operación como la abducción forzosa de un presidente en ejercicio y una violación significativa de la soberanía venezolana y de la Carta de las Naciones Unidas.
Venezuela había sido presentada durante años como la gran tragedia continental: chavismo, comunismo, fraude electoral, presos políticos, derechos humanos, narcotráfico y Tren de Aragua. María Corina Machado era promovida internacionalmente como rostro de la libertad venezolana y el chavismo parecía una especie política que debía ser extinguida para que aquel país pudiera volver a merecer el calificativo de democrático. Pero secuestraron a Maduro y ocurrió algo extraordinario: el chavismo siguió gobernando, Delcy Rodríguez terminó encabezando el poder, Machado descubrió que Washington no la consideraba indispensable y Trump declaró que sería “muy difícil” que ella gobernara porque, según él, no tenía el apoyo ni el respeto necesarios dentro de Venezuela. En cambio, las compañías petroleras estadounidenses sí aparecieron inmediatamente en el discurso presidencial. Trump anunció que entrarían al país, invertirían miles de millones de dólares, recuperarían la infraestructura y comenzarían a producir y vender grandes cantidades de crudo. A veces la historia tiene la cortesía de eliminarle el trabajo al articulista.
La metamorfosis del relato ha llegado al extremo de que, el pasado 13 de septiembre, Trump habló de una Venezuela donde ahora, según él, “la gente está muy contenta”, destacó el dinero generado y la llegada de las compañías petroleras y, preguntado sobre las elecciones, consideró que estas se realizarán cuando el país esté preparado. Resulta difícil imaginar una medicina política más milagrosa. Durante años la democracia venezolana parecía una emergencia que no admitía espera; hoy puede esperar tranquilamente mientras funciona el negocio petrolero. El comunismo perdió protagonismo, el Tren de Aragua dejó de ocupar el centro del escenario, María Corina Machado pasó de símbolo internacional a personaje prescindible y hasta convivir con el chavismo parece perfectamente administrable. No fue necesario transformar a Venezuela en aquella democracia occidental cuya ausencia provocaba tanta indignación: bastó con conseguir un gobierno con el cual Washington pudiera entenderse y acceso a aquello que nunca cambió de lugar mientras cambiaban todos los discursos: el petróleo.
Después llegó Irán y Trump terminó de destruir cualquier necesidad de interpretación sofisticada. Hablando de la permanencia estadounidense en ese país declaró que finalmente Estados Unidos saldría “a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, y añadió que los ingresos obtenidos de Venezuela habían permitido pagar la guerra muchas veces. No lo afirmó Maduro, no salió de Teherán ni fue redactado por algún viejo marxista latinoamericano obsesionado con el imperialismo yanqui. Lo dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Qué análisis hermenéutico requiere “quedarnos con el petróleo”? ¿Cuántos especialistas hacen falta para interpretar “como en Venezuela”? Hay momentos en que buscar desesperadamente matices donde el protagonista ha decidido eliminarlos deja de ser prudencia intelectual y comienza a parecer miedo a llamar las cosas por su nombre.
Irán también llevaba años siendo presentado mediante un expediente moral perfectamente reconocible: ejecuciones, represión política, persecución de opositores, restricciones contra las mujeres y graves violaciones de derechos humanos. Muchas de esas denuncias son reales y están ampliamente documentadas, pero ninguna convierte a la población iraní en material descartable ni concede a otro Estado derechos sobre sus recursos. El problema se vuelve particularmente repugnante cuando se recuerda lo ocurrido el 28 de febrero en la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab. Las investigaciones disponibles han identificado la participación estadounidense en el ataque y las cifras han sido revisadas conforme avanzaron las investigaciones: al menos 168 personas murieron y autoridades iraníes contabilizaron entre ellas a 120 estudiantes y 26 trabajadores del centro. Frente a semejante tragedia surge una pregunta elemental: ¿dónde estaban los derechos humanos de aquellos niños? Porque los derechos humanos poseen una característica bastante incómoda para la propaganda: también pertenecen a los hijos del enemigo. Si sirven para justificar una guerra pero dejan de importar cuando quienes mueren están debajo de nuestras bombas, entonces aquello nunca fue una doctrina moral; fue un argumento de relaciones públicas.
Y para comprobar cuánto vale realmente toda esa retórica ni siquiera hay que viajar hasta Venezuela o Irán.
Basta mirar hacia Haití, ese vecino caribeño donde la democracia lleva años agonizando sin petróleo debajo de los pies que despierte semejantes pasiones libertadoras. Allí las bandas armadas asesinan ciudadanos inocentes, secuestran, violan, incendian comunidades, desplazan familias y desafían abiertamente a un Estado que apenas consigue ejercer autoridad sobre buena parte de su propio territorio. Haití lleva años esperando instituciones capaces de garantizar seguridad, recuperar el control territorial y celebrar elecciones en condiciones mínimamente normales. Allí sí existe, a pocos kilómetros de nuestras costas, una catástrofe democrática, humanitaria y de derechos humanos que ocurre diariamente ante los ojos del planeta.
Pero Haití no tiene petróleo.
Y esa pequeña desgracia geológica parece restarle espectacularidad a su democracia. No hay allí enormes reservas que administrar, gigantes petroleros esperando contratos ni un subsuelo capaz de convertir la tragedia de sus habitantes en prioridad estratégica mundial. Por Haití se celebran reuniones, se emiten comunicados, se aprueban misiones internacionales, se promete asistencia y periódicamente se declara una nueva preocupación. Sería falso afirmar que Occidente no hace absolutamente nada, pero sería igualmente absurdo comparar esa respuesta lenta, insuficiente y burocrática con el despliegue de poder que aparece cuando los intereses estratégicos son otros. Para Haití abundan las condolencias y los llamamientos; para los territorios energéticamente decisivos aparecen portaaviones, misiles, operaciones militares y presidentes hablando de quién controlará el petróleo.
Ahí está quizás una de las preguntas más incómodas de toda esta historia: ¿cuánto vale una democracia cuando debajo de ella no hay petróleo? Si la defensa universal de los derechos humanos fuera realmente el principio rector, la tragedia haitiana debería producir una movilización internacional extraordinaria. Allí mueren inocentes, mujeres y niños padecen atrocidades, comunidades enteras son expulsadas de sus hogares y millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Sin embargo, Donald Trump no parece particularmente obsesionado con liberar Haití, ni escuchamos anunciar que la democracia haitiana constituye una prioridad estratégica por la cual Estados Unidos esté dispuesto a desplegar una fracción comparable de su poder militar. Haití tiene muertos, hambre, desplazados, bandas criminales y una democracia destrozada. Lo que no tiene es petróleo.
No se trata de sostener infantilmente que cada decisión de política exterior estadounidense obedece exclusivamente a un barril de crudo. Existen Israel, China, Rusia, el programa nuclear iraní, el estrecho de Ormuz, las rutas comerciales, la seguridad regional y numerosos intereses geopolíticos dentro del tablero. Se trata de algo bastante más grave: cuando el propio presidente de Estados Unidos habla de permanecer militarmente en un país y “quedarse con el petróleo”, la vieja acusación deja de necesitar teorías conspirativas. La coloca sobre la mesa quien posee los bombarderos. Y cuando simultáneamente una tragedia como la haitiana puede prolongarse durante años sin despertar una fracción comparable del fervor por la democracia, resulta legítimo preguntarse si algunos derechos humanos cotizan mejor cuando debajo del ciudadano que los reclama existe un yacimiento.
Estamos en 2026, no en 1826.
Después de dos guerras mundiales se construyó un sistema internacional precisamente para impedir que la superioridad militar otorgara derechos de propiedad sobre el territorio y los recursos de los más débiles. Existen una Carta de las Naciones Unidas, normas sobre soberanía, derecho internacional humanitario y toda una arquitectura jurídica basada en la premisa elemental de que conquistar no significa adquirir. Por eso resulta tan perturbador escuchar desde la Presidencia de la principal potencia militar del planeta un lenguaje que recuerda menos al orden internacional del siglo XXI que a la contabilidad de un imperio colonial: entramos, vencemos, decidimos cuánto tiempo permanecemos y evaluamos con qué recursos nos quedamos.
Y ahí aparece una contradicción adicional imposible de esconder detrás de tecnicismos jurídicos.
Estados Unidos justificó llevarse por la fuerza al presidente en ejercicio de Venezuela porque existían acusaciones penales estadounidenses contra él. Sin embargo, el mundo ha visto a otros dirigentes acusados internacionalmente desplazarse por territorios donde las consideraciones políticas, diplomáticas y jurídicas producen respuestas muy diferentes. La justicia internacional no puede convertirse en un menú donde cada potencia decide qué orden respeta, cuál desconoce y, sobre todo, contra quién posee suficiente fuerza para aplicarla. Si una acusación penal autoriza a una potencia a penetrar militarmente en otro Estado y llevarse a su presidente, acabamos de inventar un principio que Washington difícilmente aceptaría que China, Rusia o cualquier otra potencia aplicara mañana contra un gobernante protegido por Estados Unidos.
Tal vez aquella frase repetida mil millones de veces no estaba tan equivocada.
Quizás lo verdaderamente nuevo no sea que el petróleo pese enormemente en las decisiones de las grandes potencias; descubrir eso en 2026 sería descubrir la pólvora después de encender el cañón. Lo nuevo es la desaparición del pudor. Durante décadas hubo que envolver los intereses estratégicos en solemnes discursos sobre libertad y derechos humanos. Ahora Trump parece haber considerado innecesario hasta el papel de regalo. Venezuela puede seguir gobernada por chavistas mientras el petróleo fluya; la democracia puede esperar hasta que Washington considere que el país está preparado; María Corina Machado puede pasar de símbolo internacional a figura prescindible; Haití puede continuar desangrándose mientras el mundo promete que algún día llegará suficiente ayuda, e Irán puede ser atacado mientras el presidente estadounidense contempla públicamente la posibilidad de quedarse con su petróleo.
No es precisamente la democracia la que ha quedado desnuda.
Es el discurso utilizado para venderla. Porque cuando los derechos humanos dependen del valor estratégico del subsuelo, dejan de ser universales; cuando la urgencia democrática aumenta o disminuye según las reservas energéticas, deja de ser principio y se convierte en instrumento; y cuando una potencia contempla públicamente conservar los recursos del país sobre el cual ejerce su fuerza militar, las palabras “libertad” y “democracia” comienzan a sonar menos como valores que como publicidad.
Después podrán organizar conferencias, redactar comunicados y volver a explicarnos solemnemente que todo se hizo por los derechos humanos. El problema es que esta vez no fue un enemigo de Estados Unidos quien hizo la acusación, ni un socialista latinoamericano, ni un ayatolá iraní, ni algún intelectual antiimperialista.
Esta vez Donald Trump dijo petróleo.
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