PISA: La culpa no es solo del maestro

Cada vez que se publican los resultados de evaluaciones internacionales como PISA y la República Dominicana vuelve a quedar rezagada, la reacción más inmediata suele ser buscar un culpable. Casi siempre el dedo acusador termina apuntando hacia el maestro, como si todo el deterioro de la educación comenzara y terminara dentro del aula.
Es una explicación cómoda, pero incompleta. El docente tiene responsabilidades y debe responder por su preparación, desempeño y compromiso; sin embargo, convertirlo en el culpable exclusivo permite que las autoridades, las familias y la propia sociedad evadan la parte que les corresponde. El aprendizaje no depende únicamente de quien enseña, sino también de las condiciones en que lo hace, del respaldo que recibe y del entorno en que vive el estudiante.

Un sistema que permite avanzar sin aprender
Uno de los mayores problemas de la educación dominicana es la acumulación de deficiencias desde los primeros grados. Durante años, las políticas de promoción y las restricciones a la repitencia han permitido que numerosos estudiantes avancen sin dominar adecuadamente la lectura, la escritura o las operaciones matemáticas básicas.
La promoción de grado puede evitar la sobreedad y la deserción, pero pierde sentido cuando no está acompañada de programas efectivos de recuperación. El resultado aparece con mayor crudeza en secundaria: adolescentes que han recorrido varios años escolares, pero todavía arrastran dificultades elementales.

Cuando llegan a ese nivel, se pretende que el profesor repare en meses las deficiencias acumuladas durante toda una trayectoria educativa. La llamada promoción automática, sin el acompañamiento académico necesario, no resuelve el problema; simplemente lo traslada al grado siguiente, hasta que las consecuencias terminan reflejándose en las evaluaciones nacionales e internacionales.

Miles de aulas faltantes y escuelas sobrepobladas
A esta realidad se suma el déficit histórico de infraestructura. Las estimaciones citadas sitúan la necesidad acumulada entre 5,900 y 6,400 aulas, mientras una cantidad importante de centros funciona con secciones que superan los 30 estudiantes y, en algunos casos, se acercan o sobrepasan los 40.
En esas condiciones, hablar de educación individualizada resulta casi ilusorio. Un maestro puede planificar correctamente y dominar la asignatura, pero difícilmente podrá identificar y atender las necesidades particulares de cuarenta estudiantes durante una clase. Mucho menos cuando debe trabajar con falta de materiales didácticos, calor excesivo, mobiliario deteriorado o espacios que no fueron diseñados para recibir semejante cantidad de alumnos.

La infraestructura no es un asunto decorativo. Un aula hacinada reduce la concentración, dificulta la disciplina, limita la participación y obliga al docente a dedicar una parte considerable del tiempo a controlar el ambiente en vez de concentrarse plenamente en la enseñanza.

La familia no puede abandonar su responsabilidad
La escuela tampoco puede sustituir completamente al hogar. La educación necesita la participación coordinada del estudiante, la familia y el centro educativo. Cuando una de esas partes se desentiende, las demás quedan obligadas a cargar con un peso que no les corresponde por completo.
El maestro puede orientar, corregir, explicar y motivar, pero no puede supervisar lo que ocurre después de la jornada escolar. Tampoco puede garantizar que el alumno haga sus tareas, duerma lo necesario, asista regularmente, respete las normas o encuentre en su casa un ambiente favorable para estudiar.

Muchos padres aparecen en la escuela únicamente cuando sus hijos reciben una sanción o una calificación baja. Entonces cuestionan al docente, pero pocas veces se preguntan cuánto seguimiento ofrecieron durante el proceso. Defender los derechos del estudiante es indispensable; convertir esos derechos en una excusa para eliminar toda responsabilidad y disciplina termina perjudicando al propio alumno.

Docentes con autoridad debilitada
Otro elemento que merece atención es el deterioro de la autoridad dentro del aula. Las normas de convivencia y protección al estudiante son necesarias, pero deben aplicarse con equilibrio. Proteger al alumno no significa dejar al maestro indefenso frente a la indisciplina, las amenazas, las agresiones o la intervención irresponsable de algunos familiares.
Cuando el docente teme corregir porque cualquier amonestación puede convertirse en un conflicto, la convivencia escolar se debilita. La clase deja de ser un espacio organizado para el aprendizaje y se convierte en una lucha diaria por conservar el orden.

Restablecer la autoridad pedagógica no significa regresar al maltrato ni permitir abusos. Significa establecer reglas claras, consecuencias proporcionales y respaldo institucional para que el maestro pueda enseñar sin quedar abandonado ante situaciones que desbordan sus funciones.

Los conflictos tampoco surgen de la nada
El maestro puede asistir, planificar y cumplir con sus responsabilidades profesionales, mientras sus estudiantes enfrentan hambre, falta de acompañamiento familiar, aulas sobrepobladas, carencia de recursos y deficiencias académicas acumuladas desde grados anteriores.
A esto se agregan las interrupciones del calendario escolar provocadas por conflictos que, en numerosos casos, tienen su origen en el incumplimiento de acuerdos asumidos por las autoridades del Ministerio de Educación para corregir problemas que afectan al sistema y a sus diferentes actores.

Cuando el diálogo no produce respuestas y los compromisos oficiales quedan pendientes, las acciones reivindicativas del magisterio aparecen como consecuencia de una crisis que no fue creada exclusivamente por los docentes. No resulta justo condenar la protesta sin examinar las circunstancias que la originaron ni exigirles a los educadores que permanezcan en silencio mientras se incumplen acuerdos relacionados con las condiciones de las escuelas y el ejercicio de su profesión.
Esto no significa desconocer que toda suspensión de docencia perjudica el proceso de aprendizaje y debe constituir el último recurso. Significa reconocer que no puede juzgarse únicamente la protesta sin examinar también los incumplimientos, las condiciones laborales y las deficiencias estructurales que la provocaron.

Aprobar al maestro no significa que el sistema funcione
Según los datos citados de la última Evaluación de Desempeño Docente, más del 80 % de los profesores obtuvo una calificación aprobatoria. Ese resultado no demuestra que todos los docentes sean excelentes ni elimina la necesidad de mejorar su formación, supervisión y actualización. Pero sí obliga a mirar más allá del discurso simplista que presenta al magisterio como responsable absoluto del fracaso educativo.
Una evaluación favorable al docente y unos resultados deficientes en el aprendizaje pueden coexistir porque miden realidades diferentes. El maestro puede cumplir con determinados criterios profesionales mientras sus estudiantes enfrentan condiciones sociales, familiares e institucionales que afectan seriamente su rendimiento.

Ninguna estrategia pedagógica puede producir milagros cuando todo el entorno conspira contra el aprendizaje.

La responsabilidad tiene que ser compartida
La educación dominicana no mejorará buscando chivos expiatorios. Necesita docentes mejor preparados y comprometidos, pero también autoridades capaces de planificar, construir aulas, supervisar los centros, cumplir los acuerdos asumidos, revisar las políticas de promoción y garantizar programas reales de recuperación académica.
Necesita, además, familias que vuelvan a asumir su papel como primera escuela; estudiantes conscientes de sus deberes y una sociedad que deje de medir el éxito educativo únicamente por la cantidad de alumnos promovidos.

Culpar exclusivamente al maestro puede resultar conveniente, pero no resolverá el problema. Mientras cada sector continúe descargando su responsabilidad sobre otro, seguiremos promoviendo estudiantes de un grado a otro sin garantizar que aprendan.
La pregunta, entonces, no debe ser solamente qué está haciendo mal el maestro. También debemos preguntarnos qué están haciendo las autoridades, qué acompañamiento ofrecen las familias y qué condiciones proporciona el Estado para que enseñar y aprender sean realmente posibles.