Durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada este miércoles, el legislador manifestó su preocupación por las consecuencias que podría enfrentar el sector arrocero tras la eliminación de las medidas de protección, en el marco de los compromisos comerciales establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Romero propuso impulsar una legislación integral que contemple mecanismos de estabilidad económica para los productores, incluyendo un precio de sustentación o ingreso mínimo garantizado, la creación de una reserva estratégica de arroz nacional y la prioridad de la producción dominicana en las compras realizadas por las instituciones públicas.
Asimismo, planteó establecer programas especiales de financiamiento a través del Banco Agrícola, fortalecer el seguro agropecuario, reducir los costos energéticos de la producción y crear un observatorio nacional que permita dar seguimiento permanente al comportamiento del mercado arrocero.
El congresista consideró necesario unificar criterios entre los distintos sectores involucrados para establecer un marco jurídico que ofrezca garantías a los productores, sin entrar en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el país.
“Abrir nuestros mercados no puede significar cerrar nuestros campos”, expresó Romero durante su intervención en el hemiciclo, al defender la necesidad de preservar la capacidad productiva del sector agrícola nacional.
La propuesta surge luego de que el Poder Ejecutivo derogara, mediante el decreto 635-26, las disposiciones contenidas en el decreto 693-24, que establecían un régimen arancelario especial para las importaciones de arroz.
La decisión ha generado preocupación entre productores y representantes de distintas provincias arroceras, debido a las posibles repercusiones de una mayor competencia del arroz importado sobre la producción local, los empleos agrícolas y la economía de las comunidades que dependen de esta actividad.
El planteamiento del senador Franklin Romero coloca nuevamente en el debate legislativo la necesidad de establecer mecanismos permanentes de protección para los arroceros dominicanos, en un escenario marcado por la apertura comercial y los desafíos que enfrenta la producción nacional.
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