En política, hay dirigentes que responden a las críticas con argumentos. Otros prefieren responder con datos. Y luego están aquellos que, cuando sienten que el terreno se les mueve debajo de los pies, optan por la vieja práctica de la descalificación moral, el insulto, el agravio y la victimización.
Ese parece ser el caso del diputado al Parlacen y presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD), Ramón Emilio Goris, quien, ante las crecientes críticas sobre lo que muchos consideran una deficiente gestión en su primer mandato al frente de esa organización, decidió emprenderla contra quienes ejercen el derecho constitucional de opinar.
Según el señor Goris, quienes cuestionan la crisis interna del PHD son “sicarios de la comunicación”, personas que opinan por paga y, para completar el repertorio, “basuras”. Un vocabulario bastante peculiar para alguien que dirige un partido que lleva la palabra “humanista” en su nombre.
Pero cuando se tiene techo de cristal, convertir el insulto en estrategia suele ser una pésima idea. Porque el debate deja de centrarse en quién critica y pasa a enfocarse en aquello que se intenta ocultar detrás del ruido.
El PHD no es un club privado ni una empresa familiar. Es una organización política que recibe fondos públicos provenientes de la Junta Central Electoral y, por tanto, está sometida al escrutinio ciudadano. Sus dirigentes también.
Por esa razón, cualquier ciudadano tiene el derecho, y hasta el deber, de preguntar cómo se administran esos recursos. Y preguntar no es “sicariato”; es fiscalización. Algo elemental en cualquier democracia que aspire a tomarse en serio.
En ese sentido, sería saludable que Ramón Emilio Goris ofreciera explicaciones públicas sobre el destino de 7.5 millones de pesos entregados a cuatro dirigentes del PHD apenas dos meses después de las elecciones.
Hablamos de cheques específicos: uno por un millón de pesos, emitido a nombre del regidor Cristian Tejada e identificado con el número 12485; otro por 2.2 millones de pesos, a nombre de Víctor Pérez, con el número 12491; uno por 2 millones de pesos, emitido a favor de Carlos Núñez, correspondiente al cheque 12484; y otro por 2.3 millones de pesos, identificado con el número 12489 y emitido a nombre de Ramón Emilio Marcelino.
"Pedimos una explicación porque resulta imposible no notar una curiosa coincidencia en la declaración jurada de patrimonio del propio Ramón Emilio Goris, quien presenta un certificado financiero por exactamente 7.5 millones de pesos".
Más interesante aún: la apertura de ese certificado coincide con la fecha del cambio de esos cheques. Claro, seguramente todo tendrá una explicación lógica, transparente y perfectamente documentada.
Y precisamente por eso sería oportuno que el dirigente político la ofreciera públicamente, antes de seguir repartiendo etiquetas y agravios desde la comodidad del poder partidario.
Porque, en democracia, pedir cuentas no convierte a nadie en basura. Lo que realmente degrada el debate público es pretender que las preguntas desaparezcan a punta de insultos.
Y sí, todavía quedan otras informaciones que habrá que solicitarle al “amigo” Goris. Pero todo a su debido momento.
@BolvarSantos056
@bolivar.santos.79
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